El Ayuntamiento de Palma construirá 140 viviendas sociales en la antigua prisión ya desalojada de okupas

El Ayuntamiento de Palma construirá 140 viviendas sociales en la antigua prisión ya desalojada de okupas y cuyos accesos han sido tapiados. Los pisos, una vez construidos, se destinarán a dar respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda que sufren determinados colectivos profesionales para su estancia en la capital balear.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado el anteproyecto para reconvertir la antigua prisión en una residencia profesional temporal, tras ejecutar el desalojo de las personas que residían en el inmueble.

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que también se ha aprobado el inicio del expediente de contratación para redactar el proyecto básico y de ejecución de las obras.

«Con este acuerdo se da un paso más para hacer realidad una iniciativa que permitirá continuar ampliando el parque de vivienda pública de Palma y ofrecer, además, soluciones habitacionales adaptadas a las necesidades actuales», ha destacado Celeste.

El gobierno municipal de Palma, en concreto el área de Urbanismo, está trabajando con otros departamentos y el Consell de Mallorca para ejecutar allí en primer lugar, y antes de todo, una obra clave en materia de movilidad. Se trata de una rotonda y un nuevo acceso desde la Vía de Cintura desde el barrio de Cas Capiscol.

Un proyecto que ejecutará la Conselleria insular de Territorio, Movilidad y Carreteras como parte de su plan para mejorar la congestión viaria de toda esta zona que, en un futuro, acogerá el nuevo barrio palmesano de Son Busquets.

Para ejecutar esta rotonda se tendrá que derrumbar la parte que da a la calle Alfons el Magnànim, por lo que su complejidad es mínima, si bien requiere todo un proceso administrativo para la puesta a disposición del Consell de estos terrenos y adyacentes.

La antigua prisión de Palma se inauguró a finales de los años 60 y se cerró en 1999. En 2013, el Ayuntamiento adquirió los terrenos mediante una permuta con el Gobierno central, con el plan de derribar la estructura y aprovechar el suelo para construir pisos sociales, proyecto que aún está por definir, una docena de años después de firmarse ese acuerdo.