Armengol no baja impuestos cuando tiene 667 millones más para gastar en 2023 y otros 100 de superávit
Armengol veta en el Parlament cualquier bajada de impuestos en Baleares
Armengol quintuplicó el superávit del Govern balear en la crisis de 2021 pero rechaza bajar impuestos
El pacto de izquierdas de Baleares gasta 17 millones al año en asesores y altos cargos: el doble que el PP
Mientras los ciudadanos de Baleares soportan el mayor saqueo fiscal de España por parte del Govern presidido por la socialista Francina Armengol, que cerrará el presupuesto del presente año con un superávit que rondará los 100 millones de euros y recibirá en 2023 del Gobierno central 677 millones de euros más para gastar, el Ejecutivo autonómico se niega por activa y por pasiva a bajar impuestos a los contribuyentes de las Islas.
Pese a que presidentes autonómicos socialistas, caso del valenciano Ximo Puig, ya se han abierto a este escenario de recorte impositivo, anunciando en este caso la ampliación en un 10% de todas las deducciones y bonificaciones fiscales a los que ingresen menos de 60.000 euros anuales, Armengol, que acabó 2021 con 338 millones de superávit, se cierra en banda ante esta posibilidad. Al menos, por ahora, y a la espera de lo que suceda el próximo martes en el último Debate de Política General de la legislatura.
Hasta la fecha, al igual que sus socios independentistas de Més y Podemos, la dirigente del PSOE balear sigue repitiendo su particular mantra de que bajarlos conllevaría recortes, como este martes afirmó en la sesión de control al Govern a preguntas del PP.
«Las herramientas fiscales son elementos fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza tal y como marca la Constitución Española», afirmó sin inmutarse una presidenta que gasta cada año 17 millones de euros en pagar a los 202 altos cargos que tiene a disposición de su gobierno.
«Si usted me dice que tenemos que bajar impuestos a todo el mundo», dijo la presidenta al portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, «dígame a cuántos médicos y profesionales sanitarios que hemos contratado tenemos que despedir, dígame a cuánta gente le tenemos que quitar la renta social garantizada, dígame si tenemos que eliminar la gratuidad del transporte público y si tenemos que dejar de hacer vivienda de protección oficial, porque para eso sirven los impuestos», afirmó Armengol, que sacó su recital de demagogia política en la Cámara balear para negarse a bajar impuestos.
«Esos 677 millones de más que ingresará de las arcas del Estado el próximo año dejan sin excusas a Armengol para no bajar impuestos», replicó Costa, que desconoce si la presidenta balear «ha preguntado a dirigentes de su partido como Ximo Puig y a los socialistas de Euskadi que gobiernan con el PNV y que ya han anunciado que van a bajar impuestos cómo lo van a hacer si es que no sabe».
Pero la realidad es que a fecha de hoy la presidenta balear -con el mayor presupuesto de la historia de Baleares manejando 6.398,7 millones de euros este año, un 9% más que en 2021-, además de no bajar impuestos y gastando más que nunca, concluirá la legislatura con un suspenso en materia de gestión, pese al dineral de los contribuyentes que habrá gastado en estos ocho años.
Hay ejemplos por doquier, como el hecho de que dejará sin pagar, prácticamente, la mitad de las ayudas al alquiler del año pasado y todas las del presente año, dado que la convocatoria se ha publicitado recientemente.
El Ejecutivo balear no habrá entregado en ocho años ni la tercera parte de las VPO que prometió (471 de 1.800), tras expulsar a los residentes del mercado inmobiliario de compraventa con sus políticas de desclasificación de suelo que han convertido a las Islas en la comunidad con la vivienda más cara de España. O el hecho de que sólo ha construido cinco de los 26 colegios que prometió, con colectivos como agricultores y ganaderos arruinados por la falta de ayudas y al borde del cierre (de las 450 peticiones de subvención presentadas a la Conselleria de Agricultura en 2021 sólo se aprobaron 110). Y hasta 57 obras públicas paralizadas al haber quedado desiertas las licitaciones por no actualizar los precios, como han denunciado los constructores de las Islas.
Todo ello con cientos de comercios de la capital balear planteándose el cierre este invierno ante la falta de turistas en temporada baja por falta de iniciativas en materia de desestacionalización de un Govern que ya tiene la receta de futuro para la economía de las Islas: «Que vengan menos turistas».
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