El socialista Rivera y un líder de CCOO a juicio por pagos ilegales de 10 millones en el ‘caso ERE’

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 06/11/2024 15:34
  • Actualizado: 06/11/2024 15:34

Mientras en el PSOE de Andalucía (PSOE-A) de Juan Espadas llevan meses intentando blanquear el Caso ERE e incluso de intentar pregonar que fue una trama inventada por el PP, lo único cierto es que prácticamente cada semana un nuevo socialista se sienta en los banquillos de los juzgados andaluces para hacer frente a alguna acusación de corrupción… y la gran mayoría de ellos lo hacen en calidad de investigados por, precisamente, el Caso ERE. Hace apenas tres meses, el propio presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, que la trama de los ERE es «un montaje» del PP para encarcelar a «inocentes».

Pero la realidad es muy tozuda, y este jueves la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado el comienzo de un juicio contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta socialista de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, y un ex sindicalista de CCOO, por presuntos delitos de prevaricación y malversación en los más de 9,76 millones de euros concedidos por la Junta de Andalucía al margen del «procedimiento legal», para pólizas de seguro de rentas de trabajadores de la empresa Fertiberia incluidos en los expedientes de regulación de empleo (ERE) acometidos por tal entidad.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pormenoriza el ERE promovido en 2003 por Fertiberia para extinguir 166 puestos de empleo, exponiendo que aunque la empresa «no solicitó ningún tipo de ayuda directa o sociolaboral, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social» de la Junta y la entonces Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), le otorgaron una ayuda sociolaboral por valor de más de 2,26 millones de euros con relación a 14 ex trabajadores prejubilados «por la extinción de su relación laboral».

En este marco Fiscalía señala especialmente el caso de 12 trabajadores de Fertiberia que merced a los términos de la negociación del ERE aceptaron su traslado a otros centros de trabajo y, «apenas unos días después, por asesoramiento de sus representantes sindicales, solicitaron la baja incentivada finalizando así su relación laboral con la empresa entre marzo y mayo de 2004, cobrando un incentivo por traslado y posteriormente otro adicional por la baja incentivada».

Estos 12 trabajadores, según la Fiscalía, «remitieron una misiva colectiva e individualmente» al entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020 y condenado por prevaricación y malversación en la sentencia del «procedimiento específico» de financiación de los ERE incentivados con fondos autonómicos y las ayudas arbitrarias y sin publicidad a empresas; y además al que fuera delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.

En su carta, según el Ministerio Público, solicitaban «colaboración ante las circunstancias especiales» que afrontaban «con el fin de obtener ayudas sociales y comprometiéndose a la entrega del cheque recibido correspondiente a la indemnización por despido», con lo que a juicio de la Fiscalía, «se articuló una mecánica ilícita de solicitar el traslado de centro de trabajo para, al poco tiempo, obtener una baja incentivada y la inclusión de estos trabajadores como beneficiarios de las pólizas de seguro de rentas de jubilación, a través de las cuales se instrumentalizó el pago ilícito de las ayudas».

Sindicalista de CCOO

La Fiscalía señala el papel en los hechos del acusado J.A.F.G. como entonces secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias, Textil, Químicas y Afines de CCOO, «conocedor de la ilicitud de las subvenciones y la incorrecta actuación de la administración concedente».

Según el escrito de acusación, los citados trabajadores y J.A.F.G. «materializaron el procedimiento descrito para conseguir las condiciones de prejubilación a las que no tenían derecho» estas personas, «eludiendo cualquier tipo de disciplina administrativa», acordando el citado sindicalista «la inclusión de estos trabajadores» como beneficiarios de las pólizas de seguro de rentas de jubilación de Fertiberia, «con la participación de la mediadora Vitalia Vida» a través del también acusado y ex directivo de dicha entidad Antonio Albarracín.

Así, en octubre de 2004 el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero formalizó un documento destinado a «abonar» 812.049 euros para costear la póliza de estos 12 extrabajadores de Fertiberia; tras lo cual el directivo de Vitalia acusado en la causa «intervino en la formalización de las correspondientes pólizas de seguro (…) a sabiendas de la ilegalidad del sistema de concesión y financiación de las ayudas, prevaliéndose de su relación con cargos de la Dirección General de Trabajo».

Suplementos de pólizas

Ese mismo mes fueron suscritas las pólizas de seguro de rentas del ERE de Fertiberia de 2003 con una cuantía total de 2,1 millones de euros, con más de 540.000 euros a pagar por los trabajadores coincidiendo «con el importe de sus indemnizaciones» y el resto por la Junta, figurando «12 suplementos de pólizas que incrementarían la deuda» de la Junta hasta los 1,947 millones de euros; si bien en 2008 fueron suscritas dos pólizas más para otros dos empleados afectados por el ERE de 2003, con una cantidad final de 317.735 euros.

Ya en 2009, según la Fiscalía, Fertiberia promovió otro ERE para la extinción de 223 puestos de empleo, señalando que «el coste previsto de los despidos ascendía a 16 millones de euros, debiendo asumir la Junta el 50 por ciento de dicho importe y Fertiberia el resto.

Así, la Fiscalía detalla que en total, la Junta concedió a Fertiberia ayudas por valor de más de 9,76 millones de euros, en concreto 1,947 millones para el caso de los 12 mencionados trabajadores del ERE de 2003, más otros 317.735 euros para las primas de los otros dos trabajadores del despido colectivo de 2003 y 7,5 millones de euros para la póliza de seguro de rentas de 159 trabajadores del ERE de 2009, «de la que no consta ningún pago»; pesando en ello las diferrentes órdenes de pago de Daniel Alberto como director general de Trabajo desde abril de 2010, a la agencia IDEA, con relación a tales ayudas concedidas.

Sin procedimiento legal

«El destino de estas subvenciones era financiar el coste de la indemnización por despido colectivo acordadas entre la empresa y los trabajadores» y, según la Fiscalía, eran «verdaderas ayudas a la empresa, no constando ningún análisis económico realizado por la Junta» sobre su procedencia y que en su tramitación «se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal», lo que «daría lugar a causa de nulidad de pleno derecho», pesando que tampoco hubo «fiscalización» ni seguimiento del dinero concedido.

Así, la Fiscalía califica los hechos como un presunto delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación con relación al acusado otrora sindicalista de CCOO y el ex direxctivo de Vitalia y de la misma naturaleza pero sin el carácter continuado respecto al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, reclamando para los dos primeros siete años de cárcel, el mismo periodo de inhabilitación especial y 17 años de inhabilitación absoluta; y para Rivera cinco años de cárcel, el mismo plazo de inhabilitación especial y 12 años de inhabilitación absoluta.

Tiempo atrás, recordémoslo, la abogada defensora de Rivera lamentaba en el juicio por otra pieza separada de los ERE que, tras su exclusión de la pieza principal del «procedimiento específico», Daniel Alberto Rivera afronte su inculpación en unas 50 piezas separadas correspondientes a las ayudas en cuestión financiadas con cargo a dicho mecanismo de financiación, con peticiones de pena de una media de seis años de cárcel, lo que suma a unas solicitudes de condena que llegan a unos 300 años de prisión.