El PSOE andaluz de Susana Díaz insulta a los alumnos de la concertada: «Son unos pijos»

Nueva falta de respeto del socialismo a la educación concertada… y a sus alumnos, a los que califica de «pijos». Por ello, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido a los de Susana Díaz que pida perdón por las «faltas de respeto» de su partido. En este sentido, Moreno también ha recordado que la Ley Celaá supone un «ataque» a la enseñanza concertada.

Moreno se ha pronunciado así durante su debate ante el Pleno del Parlamento con el portavoz del Grupo Vox, Alejandro Hernández, quien le ha pedido que concretara las medidas que va a adoptar el Gobierno andaluz para tratar de paliar los efectos de la nueva Ley de Educación, conocida también como Ley Celaá, en Andalucía.

El presidente ha insistido en que esa ley nace prácticamente «muerta» porque ha sido elaborada sin ningún tipo de consenso y sin voluntad de diálogo con los partidos políticos, con las comunidad educativa o con la sociedad en su conjunto, y de «espaldas» a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias educativas y las responsables de aplicar la norma estatal.

En este sentido, ha recalcado que los servicios jurídicos de la Junta van a estudiar la posibilidad de que, en el ámbito de las competencias de la comunidad, se puedan limitar los efectos de la Lomloe en Andalucía. Ha indicado que su Gobierno va a seguir garantizando la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos.

En relación con la enseñanza concertada, el presidente ha querido de dejar claro el compromiso «certero y firme» de su Gobierno con la enseñanza concertada, demostrándolo con una mayor inversión, porque forma parte de nuestro sistema público educativo, y ha dicho que hay organizaciones sindicales con las que se reúne la Junta que también defienden esa enseñanza.

Ha indicado que la enseñanza concertada garantiza la escolarización en zonas donde faltan plazas en el sistema educativo andaluz, y ha calificado de lamentable que socialistas andaluces hayan expresado públicamente que se trata de una enseñanza «de pijos», en referencia a las manifestaciones que hizo el diputado nacional del PSOE por Málaga Miguel Ángel Heredia. Ha señalado que con esas palabras se «falta al respeto» a esos alumnos y a sus familias y ha criticado que aún no se hayan pedido disculpas.

Asimismo, Moreno ha preguntado al PSOE-A si considera que los niños que van a los colegios concertados La Ciudad de los Niños, de Málaga, o al SAFA del barrio de Los Pajaritos de Sevilla son «pijos». En su opinión, el PSOE-A demuestra un absoluto «desconocimiento» de la realidad de esta tierra y está lleno de «prejuicios», mientras ha recordado que los socialistas convivieron durante años con la enseñanza concertada en esta comunidad.

Apoyo

Por su parte, Alejandro Hernández ha pedido a Moreno que la Junta tiene que dar un apoyo a la enseñanza concertada «sin restricciones y sin reservas» y le ha reprochado que su Gobierno llegue a acuerdos con sindicatos educativos que quieren acabar con ella. Ha querido dejar claro que la educación concertada «no es una enseñanza ‘de pijos» y ha alertado de que la Ley Celaá es «una ley mala para la educación y para el futuro de nuestros hijos».

«De nada vale acudir a una manifestación un domingo si luego el lunes, cuando vamos a la Consejería, se pliegan a las exigencias de los sindicatos políticos que abominan de cualquier idea que contempla una colaboración público-privada para prestar una enseñanza de calidad y en libertad», ha dicho Moreno.

Según el portavoz de Vox, la Lomloe es una «ofensiva contra los derechos de los ciudadanos y la unidad nacional». «Es una ley sectaria, fruto de ese resentimiento permanente que inunda casi todo lo que hace la izquierda», ha apuntado.

Asimismo, ha demandado al presidente maximice si cabe todas las actuaciones a su alcance en defensa de nuestra lengua común, el español, que se «ataca» en la Lomloe. Ha insistido en que la Junta tiene que utilizar todas las «herramientas legales» que tiene a su disposición para evitar en la comunidad el «desastre» que puede conllevar la Ley Celaá.