Protestas en la Mezquita-Catedral de Córdoba contra la gestión de la Iglesia: «Amputa la identidad musulmana»

Un plataforma, denominada Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, ha protestado contra la «amputación de la identidad» de dicho monumento y su «apropiación simbólica» por parte de la Iglesia Católica. En un foro, organizado por Icomos España, la organización recuerda su «trayectoria de activismo cultural en defensa de la integridad de la Mezquita, iniciada en febrero de 2014 con la recogida de casi 400.000 firmas en apoyo a un manifiesto que abogaba por la titularidad pública del monumento, la recuperación de su nombre oficial de Mezquita-Catedral de Córdoba y un modelo de gestión profesional y respetuoso con las señas de identidad originarias».

Este colectivo ciudadano ha sido uno de los cuatro ponentes invitados por Icomos España al citado coloquio digital, en esta ocasión centrado en la ‘Dimensión social del Patrimonio Mundial’ y donde se ha examinado el papel de los ciudadanos y los agentes locales en la gestión del legado cultural reconocido por la Unesco en todo el mundo. En el foro, celebrado este lunes, han participado ponentes de Perú, Baleares y Barcelona, y ha contado con un centenar de seguidores y especialistas de España y Latinoamérica.

El colectivo ha puesto de relieve el «papel vigilante y activista» que ha desempeñado estos siete años, «arrojando luz sobre una gestión arbitraria del monumento, que ha perseguido borrar el nombre oficial de Mezquita y falsear su identidad andalusí, en clara vulneración de los valores destacados por la Unesco en 1984».

Fruto de su labor de vigilancia y denuncia, la Plataforma Mezquita-Catedral ha logrado «el restablecimiento del nombre oficial del monumento, la derogación del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria que permitió su privatización y la sustitución de todos los folletos y trípticos turísticos que ofrecían una narración sesgada y claramente tendenciosa de su historia».

También han colaborado de forma decisiva desde la plataforma en el «impulso del movimiento ciudadano que ha denunciado las inmatriculaciones eclesiásticas de los bienes del patrimonio histórico», según han subrayado en su intervención.

Los dos miembros de la Plataforma que han participado en el foro, Marta Jiménez y David Luna, han insistido en la urgencia de un Plan Director «que estipule un marco regulatorio del edificio, tal como sugiere la Unesco, y frene los abusos por parte de la Iglesia, empeñada en los últimos años en resaltar los valores católicos en detrimento de la identidad originaria islámica».

En este sentido, han recordado que la «inexistencia del Plan Director ha provocado diversas agresiones a la Mezquita de Córdoba», y han puesto como ejemplo el litigio abierto en relación con la celosía del muro norte que fue retirada por el Cabildo Catedral en 2017 «para permitir la entrada masiva de procesiones de Semana Santa al interior del templo».

La retirada de la celosía acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que, «en una sentencia sin precedentes, falló que el Gobierno andaluz había vulnerado su propia ley de Patrimonio Histórico al autorizar su eliminación por razones no previstas en la norma», si bien dicho fallo ha sido recurrido.

La plataforma ha aludido también a su «intensa actividad administrativa desarrollada ante la Consejería de Cultura, como entidad pública competente en la tutela y vigilancia del patrimonio histórico, y ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que ha actuado como mediador del conflicto y mantiene abierto un expediente en su oficina con varias denuncias concretas relacionadas con el espectáculo nocturno, los palcos de Semana Santa, el futuro centro de interpretación y la invasión de iconografía católica en el oratorio islámico».

El colectivo cordobés ha solicitado a Icomos España «una actuación más decidida en la vigilancia de los valores originarios andalusíes de la Mezquita de Córdoba, amenazados por la gestión arbitraria de la Iglesia católica» y, por eso, han reclamado «un compromiso de Icomos y la Unesco, no con la plataforma, sino con su propia normativa internacional de conservación de los bienes del Patrimonio Mundial».