No solo el PSOE saqueó a los andaluces: IU acumula alcaldes y altos cargos corruptos en Andalucía
La ex alcaldesa comunista de Manilva (IU), a juicio por prevaricación y malversación junto al actual regidor
El fraude de la Fundación DeSevilla (IU): un millón de euros para ayuda humanitaria que nunca se ejecutó
IU Andalucía se financió con el dinero de los andaluces: condenado a prisión el exgerente de Fundación DeSevilla
Este jueves, la ex alcaldesa comunista de Manilva (Málaga), Antonia Muñoz (IU), será juzgada junto a otras seis personas por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Es la última, pero para nada la única, militante de IU en Andalucía que se sienta en el banquillo de los acusados por corruptelas en la comunidad. Para muestra un botón: IU Andalucía mantiene hasta a tres alcaldes condenados en la comunidad. Repasamos los casos más actuales -ni siquiera nos adentramos en el pasado- de la corrupción comunista en Andalucía.
Vicente Tapia, alcalde de Nueva Carteya (Córdoba); Alonso Segura, alcalde en Cúllar (Granada) y Pedro Romero, alcalde de Espera (Cádiz), están todos imputados por prevaricación y pese a ello se mantienen en el cargo. Ni Alberto Garzón, líder de la formación, ni tampoco Toni Valero, dirigente de IU en Andalucía, han forzado a su marcha, ni tampoco está sobre la mesa la posibilidad de que lo hagan.
El alcalde de Espera, Pedro Romero, fue condenado a ocho años y medio de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación administrativa por tres contrataciones realizadas en los años 2011 y 2015. A finales del pasado mes de marzo, era el alcalde comunista de Cúllar, Alonso Segura, el que se aferraba al cargo a pesar de haber sido condenado a nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por otro delito de prevaricación administrativa. Y no hay dos sin tres en IU: el alcalde de Nueva Carteya (Córdoba), Vicente Tapia, anunciaba en diciembre del año pasado que no dejaría su cargo pese a estar inhabilitado para cualquier cargo público.
Fundación DeSevilla
Miguel López Adán, miembro de Izquierda Unida y gerente de la Fundación DeSevilla entre octubre de 2007 y julio de 2011, fue condenado a una multa de 742.000 euros y a un año de prisión por utilizar la fundación de la que era gerente para fines partidistas. El delito: fraude de subvenciones con la atenuante simple de dilaciones indebidas.
El Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla, de este modo, fue firme y entendió que Izquierda Unida Andalucía se financió con el dinero de los andaluces a través de la ‘Fundación DeSevilla’, adscrita al Ayuntamiento hispalense, por un delito de fraude de subvenciones con la atenuante simple de dilaciones indebidas.
A Miguel López Adán se le impuso además la pérdida durante tres años de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, pues se consideraba que la cantidad global obtenida con la subvención enjuiciada «no fue destinada a desarrollar los proyectos que integraban la misma».
Institucional
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también condenó al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), gobernado por Juan Manuel Valle (IP-IU), a reincorporar a un funcionario a su puesto de jefe Servicio de la Secretaría municipal, declarando que el mismo ha sido víctima de «acoso laboral» al serle encomendadas «escasas funciones» o tareas «denigrantes» para su formación de «alta cualificación jurídica». Además, según han señalado testigos, sufría insultos e incluso trabajaba en un «cuchitril».
En esta sentencia, el TSJA trata dos recursos de apelación formulados contra una sentencia emitida el pasado mes de febrero por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cinco de Sevilla, estimando parcialmente un recurso promovido por un funcionario del Ayuntamiento palaciego contra un decreto del propio alcalde de fecha 31 de enero de 2019, que denegaba la solicitud del trabajador para su reincorporación a su puesto de jefe de servicio de la Secretaría municipal.
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