Andalucía
Villanueva del Río y Minas

Imputado el alcalde socialista de Villanueva del Río por obstruir una investigación de la Guardia Civil

Un expediente urbanístico bajo sospecha lleva años en el punto de mira de la Fiscalía y ahora arrastra al alcalde y a sus antecesores

Un nuevo lío judicial sacude el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, en Sevilla, y esta vez el foco está puesto en el alcalde socialista, Miguel Ángel Barrios González. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Lora del Río lo ha citado como investigado por un presunto delito urbanístico que tiene un ingrediente extra: obstruir una investigación de la Guardia Civil. Pero no está solo en el banquillo; le acompañan varios nombres más, entre ellos sus antecesores en el cargo y otros cargos clave del consistorio.

Todo arranca con una providencia del pasado 14 de enero, donde el juzgado da un paso al frente tras revisar el informe del Ministerio Fiscal. Además del alcalde actual, también han sido imputados Francisco Barrera y María Josefa Ferre Córdoba, ex alcaldes del partido independiente Unión Minera. Pero la cosa no queda ahí. La secretaria general del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, Magdalena Hoyos, el ex concejal de urbanismo Enrique Heredia y el que fuera el arquitecto técnico municipal, también están en el radar. El motivo: poner presuntamente palos en las ruedas a la Guardia Civil mientras investigaba un expediente urbanístico en el municipio.

La Fiscalía lleva años con este asunto entre manos. Ya en 2019, y de nuevo en 2022, pidió que se tirara del hilo y se exigiera al Ayuntamiento toda la documentación necesaria para aclarar el caso. Según el Ministerio Público, hay indicios de que Magdalena Hoyos no cumplió como debía con sus funciones de fe pública y asesoramiento legal. A Jaime Carballo se le señala porque estaba al frente del área técnica entre 2013 y 2017, justo cuando se tramitó el expediente en cuestión, y Enrique Heredia, como edil de urbanismo entonces, también tendrá que dar explicaciones.

El trasfondo es claro: la Guardia Civil intentó investigar un presunto delito urbanístico y, al parecer, el alcalde socialista y los suyos no se lo pusieron nada fácil. Ahora, el juzgado quiere que todos rindan cuentas.