La exalcaldesa de Campillo (IU) juzgada por prevaricación, malversación y falsedad: «Todo es política»

La exalcaldesa de IU en Campillo de Arenas (Jaén), Lourdes Chica, ha declarado este jueves ante la Audiencia de Jaén por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad. Chica ha manifestado ante el tribunal que desconoce el motivo por el que ha acabado en el banquillo: «Todo es política. Yo no sé ni por qué estoy aquí».

La que fuera alcaldesa de IU en la citada localidad jienense entre 2011 y 2015 está acusada de quedarse con el dinero procedente del cobro de las tasas del mercadillo durante tres años. El Ministerio Fiscal reclama seis años de prisión.

La Fiscalía sostiene que Lourdes Chica, «movida por un ánimo de beneficio ilícito y al margen del procedimiento legalmente establecido» ordenó que se le entregara a ella personalmente la recaudación semanal de la tasa del mercadillo. La exalcaldesa ha admitido que el policía local encargado del cobro de las tasas le dejaba semanalmente un sobre cerrado con el dinero recaudado, pero que ella se limitaba a entregarlo a una trabajadora del Ayuntamiento.

El Ministerio Fiscal acusa a Chica de dos presuntos delitos continuados, uno de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, así como un tercer delito de falsedad.

Chica culpa al alcalde del PSOE

«Yo no sé ni por qué estoy aquí», ha insistido Chica, que ha recalcado que «jamás» utilizó el dinero ni introdujo tiques en el sobre que posteriormente entregaba a la funcionaria para justificar lo que se descontaba de la recaudación.

«Yo no tocaba el dinero, no he tocado el dinero de nadie y jamás he falsificado una firma», ha alegado la exalcaldesa, que asegura no explicarse los motivos que la han llevado a declarar ante el tribunal, más allá de la intención de algunas personas de hacerle «daño». En este punto, ha aludido también al actual alcalde, Juan Francisco Figueroa (PSOE), del que ha dicho que lo que pretende es verla «hundida».

Chica ha señalado que consultó con el secretario del Ayuntamiento para cambiar el sistema de cobro y que fuera ella la que personalmente recibiera la recaudación, pero lo hizo por «un bien». No obstante, el que fuera secretario del Ayuntamiento ha señalado que la exalcalde «nunca» le hizo dicha consulta.

Por su parte, el actual alcalde socialista, que ha declarado como testigo, ha apuntado que fue una trabajadora del Ayuntamiento la que, cuando él llegó a la Alcaldía en 2015, le alertó sobre lo que estaba ocurriendo. Se trataba de «una situación irregular por un sistema maléfico», porque la fórmula para el cobro estipulada por la acusado implicaba «un sistema que es corrupto desde el principio hasta el final».

Camisas, gafas de sol, cazadoras…

Fue Juan Francisco Figueroa personalmente quien acudió a diversos establecimientos y comprobó cómo algunos de los tiques -cuyos conceptos aparecían alterados- correspondían en su forma original con compras realizadas por la exalcaldesa, algunas de ellas con su propia tarjeta bancaria. De esta forma, el importe de unas gafas de sol se había convertido en unas gafas para una persona necesitada, o ropa de niña que se justificaba como ropa de hogar para instalaciones de uso municipal, o una cazadora que pasaba a ser justificada como una camisa para la banda de música.

El alcalde ha señalado que cuando denunció los hechos en 2018 ante el juzgado su único objetivo era que Chica reconociera lo que había hecho, «pidiera perdón y devolviera el dinero», unos 7.000 euros que «aunque no es una gran cantidad, sí es mucho para un municipio pequeño como Castillo de Arenas».

El policía local encargado de la recaudación también ha prestado declaración asegurando que fue la alcaldesa la que le ordenó que le entregara a ella personalmente el dinero. Por su parte, la trabajadora del Ayuntamiento que recibía el sobre de manos de la alcaldesa ha declarado que en los sobres iban tiques para justificar lo descontado y «muy poco dinero en efectivo», que iba a la llamada «caja de las fotocopias» donde se recogía el dinero con el que luego se abonaban gastos de correo.

Los peritos judiciales comprobaron que en 2013, de los 2.986,74 recaudados por la tasa de mercadillo, sólo hay justificado conforme a las normas tributarias una factura de cerca de 60 euros. Faltan 744,5 euros y el resto del dinero aparece como gastado, pero justificado con simples tiques o anotaciones que «no se ajustan a las exigencias legales derivadas de la legislación tributaria».

En el año 2014 se recaudó con la tasa de mercadillo 3.560,70 euros, de los que sólo aparecen debidamente justificados 170 euros. Fiscalía hace constar que la entonces alcaldesa «deliberadamente simuló la firma en un recibo» para justificar la entrega de 20 euros a una persona para que se desplazara al médico. Sin embargo, el análisis de la firma determinó que la misma «fue realizada realmente por la acusada y no por la persona que supuestamente recibió los 20 euros».

En 2015 se recaudaron por la tasa 1.029 euros que también se gastaron pero que se justificaron con soporte documental «no conforme a normas tributarias». Además, faltan de ese ejercicio 162,28 euros que «no se justificaron de ninguna manera».

El Ministerio Público ha reclamado para la exalcaldesa que se le impongan dos años de cárcel por el delito continuado de malversación de caudales públicos y otros cuatro años de prisión por el delito de falsedad. Además, por el delito continuado de prevaricación, la Fiscalía ha solicitado 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público en el ámbito municipal y para ejercicio del derecho de sufrago pasivo por el mismo periodo de tiempo. También pide que se le condene al pago de multas por un montante global de 1.800 euros.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, la Fiscalía mantiene que deberá ser el Tribunal de Cuentas el encargado de «dirimir y reclamar» la cantidad en la que se haya podido ver afectado el Ayuntamiento de Campillo de Arenas, que está personado en la causa y que se ha adherido en todo a lo solicitado por el Ministerio Público.