La ex concejal de Maracena declara sobre la trama urbanística que el PSOE intentó tapar con su secuestro

La ya ex concejal de Maracena (Granada) Vanessa Romero, secuestrada el pasado febrero a manos de quien en ese momento era la pareja sentimental de la alcaldesa, la socialista Berta Linares, ha declarado este viernes ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Granada en calidad de testigo en las diligencias abiertas por un presunto caso de corrupción urbanística en este Ayuntamiento. La ex edil ya manifestó que el día del secuestro guardaba documentación en el maletero de su vehículo que podría comprometer al ex número dos del PSOE andaluz, Noel López.

Romero ha prestado declaración en relación a dos de los expedientes que están bajo el foco de la investigación y ha sostenido que en su tramitación se produjeron irregularidades: uno de ellos relativo a la concesión de unas licencias respecto a unos talleres y otro sobre una asignación mensual a «coordinadores del grupo municipal».

La edil no ha testificado aún sobre el que podría ser el expediente central y más sustancioso de la investigación, vinculado a la construcción de una gasolinera en el municipio, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Estas diligencias se sitúan al margen de la investigación ya abierta por el secuestro y se refieren a tres expedientes de licencias urbanísticas firmadas o autorizadas por la entonces alcaldesa de Maracena. Por ello, el juzgado le ha ofrecido la posibilidad de personarse en la causa con el fin de que esté al corriente de cada una de las diligencias y toma de declaraciones testificales que se vayan a practicar por si de las mismas resultaran ilícitos penales en su contra.

Aunque las pesquisas llevadas a cabo por la Policía concluyeron con la posibilidad de que las irregularidades urbanísticas afectaran a un total de cinco expedientes, finalmente el juez instructor ha reducido el número a tres, dado que los otras dos ya han prescrito. El juzgado también ha reclamado al Ayuntamiento de Maracena la remisión de documentación urbanística relativa a los expedientes bajo investigación.

Vanessa Romero ha venido manteniendo la existencia de algunos expedientes de urbanismo que, según declaró al inicio de la instrucción, «afectaban negativamente a Noel López durante su etapa como alcalde». También se refirió a presuntas irregularidades en expedientes del Ayuntamiento, así como que el día del secuestro, el pasado 21 de febrero, «tenía documentos acreditativos guardados en el maletero de su vehículo».

Por su parte, la alcaldesa Berta Linares ha sido citada a declarar el próximo 12 de julio como investigada en el caso del secuestro. También está llamado a los juzgados el que fuera edil de Urbanismo en el momento de los hechos, el también socialista Antonio García Leiva, ambos por su presunta participación en la inducción de la detención ilegal de la entonces concejal. Por este asunto permanece en prisión provisional el presunto autor de los hechos, Pedro G. R., que en aquel momento era pareja sentimental de Linares. La regidora renunció a principios de junio a su acta tras la exposición mediática y el «desgaste personal» que le ha supuesto este caso.