Un diputado andaluz del PSOE acude a los juzgados por 5 presuntos delitos en el desvío de 40 millones

El diputado autonómico del PSOE por Almería y por ende aforado José Luis Sánchez Teruel ha acudido este miércoles en calidad de investigado al Juzgado de Instrucción nº 16 de Sevilla por la presunta comisión de al menos cinco delitos en el desvío de 40 millones de euros de fondos europeos destinados a proyectos de modernización de las marismas del Bajo Guadalquivir.

El juez considera que, bien «por acción u omisión», el socialista, entonces director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía, pudo incurrir en delitos de malversación y prevaricación, así como otros delitos de falsedad, tráfico de influencias o negociación prohibida a los funcionarios públicos.

En su visita al juzgado, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, Sánchez Teruel ha sido informado de los derechos que le asisten, manifestando el mismo quedar informado o «enterado» de los mismos. En su comparecencia, el diputado autonómico ha designado ante el juzgado al abogado que dirigirá su defensa y, además, le ha sido comunicado que puede «prestar declaración voluntariamente» en el momento procesal oportuno.

En el auto antes citado, el magistrado Juan Gutiérrez Casillas recuerda que las actuaciones judiciales giran en torno a una resolución dictada por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria el 13 de octubre de 2004, «en la cual se aprobaba el proyecto de modernización interesado por la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir y en el que se concedía una subvención de 40.119.944 euros, con un presupuesto de inversión subvencionable aceptado y con un plazo de ejecución de obras de 42 meses».

«Incumplimiento e irregularidades»

A tal efecto, el juez señala que la investigación profundiza en el posible «incumplimiento de los requisitos de la subvención resuelta por la autoridad administrativa, la posible irregularidad en la adjudicación de obras, las posibles irregularidades en sucesivas certificaciones de obras y el fin del dinero público destinado a obras de modernización en territorios del Bajo Guadalquivir interesada por la Comunidad de Regantes».

Rememorando que por aquellas fechas Sánchez Teruel ostentaba el puesto de director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía, el juez instructor determina que «como consecuencia de las funciones de su cargo podría, en su caso, ya sea por acción u omisión, haber tenido algún tipo de responsabilidad en los hechos de investigación y por tanto, procede su constitución en la causa como parte investigada».

Tal extremo fue expresamente solicitado por el PP-A como acusación popular y por la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, en este caso como acusación particular.

Los presuntos delitos

Detectando posibles delitos de prevaricación y de malversación, «así como otros delitos de falsedad, negociación prohibida a los funcionarios públicos o tráfico de influencias», el juez expone que Sánchez Teruel, aforado como diputado autonómico, debía ser citado para tener «acceso al contenido íntegro de lo instruido, pueda instruirse debidamente con la asistencia jurídica letrada de lo actuado hasta el momento y ejercer derecho de defensa interesando la práctica de las diligencias que estime oportunas, incluso declaración voluntaria en este juzgado, en orden al esclarecimiento de los hechos y de su posible responsabilidad o no en los mismos».

Así, el juez acordaba en este auto «la constitución de José Luis Sánchez Teruel como parte investigada» en las actuaciones, fijando este mismo miércoles para que acudiese «con asistencia letrada».