Declara otro alcalde socialista en Andalucía por el pago de sobresueldos y gratificaciones «sin control»

El alcalde de Carboneras (Almería), el socialista José Luis Amérigo, ha declarado este viernes ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Vera en calidad de investigado como presunto autor de delitos de prevaricación y malversación en del desvío de fondos locales «sin control alguno» a sobresueldos de funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento.

En sede judicial ha comparecido también como investigado el concejal de Hacienda, Función Pública y Personal, Ramón Soto (PSOE), después de que lo hiciera el denunciante y portavoz de Carboneras Avanza, Felipe Cayuela.

La juez acordó a mediados de diciembre aplazar la declaración como investigados de los socialistas Amérigo y Soto ya que, el día en el que se debía producir la comparecencia, no se encontraba «disponible» para su uso la sala de vistas que dispone de sistema de grabación.

A la salida de su declaración, el alcalde ha defendido «la legalidad de todas las actuaciones del actual gobierno municipal» y ha trasladado «plena confianza en la Justicia» frente a los «intentos» del portavoz de Carboneras Avanza, a quien ha acusado de «atentar contra el honor de los empleados públicos».

Sobresueldos «sin control»

Las diligencias previas se incoaron tras la denuncia interpuesta por el portavoz municipal de Carboneras Avanza ante la posible existencia de presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos en la gestión por parte del equipo de gobierno socialista.

Según mantiene la citada denuncia, concejal y alcalde, uno desde el año 2019 y otro desde el año 2020, habrían supuestamente dispuesto «en perjuicio» de las arcas municipales y «de manera fraudulenta» complementos de «productividad» en favor de los habilitados nacionales del ayuntamiento y «gratificaciones extraordinarias y horas extras» en favor «de determinado personal funcionarial y laboral» de la corporación.

Sostiene, en esta línea, que estas cantidades económicas habrían supuesto «una ampliación continuada de las retribuciones económica mensuales carente de cobertura legal alguna» al estar «cuantificadas de manera no objetiva y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido».

La denuncia que investiga el juzgado señala que el abono era «propuesto» supuestamente por Ramón Soto mientras que la «ordenación correspondiente para el abono» la habría hecho Amérigo mediante resoluciones «dictadas -remarca- vulnerando claramente el procedimiento legalmente establecido para ello, sin pertinente cobertura jurídico-legal y sin control alguno».

Precisa, al hilo de esto, que las citadas resoluciones se habrían realizado, además, «sin especificar la retribución del especial rendimiento, la actividad extraordinaria o el interés e iniciativa» con que trabajador «concreto desempeña su trabajo».

Añade que, asimismo, que se habrían dictado «sin realizar la apreciación de la productividad en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo» al tiempo que pone el foco de que «su liquidación» era «fija en su cuantía y periódica en su vencimiento en el caso de los habilitados nacionales, sin justificar en la nómina de cada mes la productividad de cada puesto».

La denuncia hace alusión a las gratificaciones extraordinarias como horas extras tanto para personal funcionarial como laboral, y subraya que también habrían sido «continuamente» propuestas para «aprobar por el concejal de Hacienda, Función Pública y Personal» y «ordenadas para abono por el alcalde» tras la correspondiente solicitud del personal.

«Es evidente que en esas resoluciones mensuales no se ha valorado el trabajo desempeñado por cada uno de los beneficiarios de dicho complemento de productividad de manera individual y palmario que se han adoptado resoluciones de manera genérica para aprobar el abono de dichas productividades», traslada para aportar documentación de esa atribución de «manera igualitaria».

La denuncia traslada a la juez que instruye la causa que el supuesto hecho de que Amérigo y Soto se hubiesen «concertado» presuntamente para «obtener fondos públicos a favor de los tres habilitados nacionales y de determinados funcionarios y personal laboral de la corporación» encajaría también como supuesto delito de malversación de caudales públicos por causar «grave perjuicio para el interés público y suponer el desembolso de dinero público con ánimo de lucro y para beneficiar a tercero».

«Se han realizado abonos importantes de cantidades económicas, tanto de la productividad como de gratificaciones extraordinarias y horas extras con una ausencia de materialización y de concreción de los resultados de la actividad que se ha remunerado con fondos públicos más allá de una justificación meramente formal de estos pagos», concluye la denuncia.