Vivir okupando: la permisividad de PSOE- Podemos con la okupación ilegal de viviendas

La okupación ilegal de inmuebles se está convirtiendo en una preocupación para miles de familias españolas. La Policía Nacional ha recibido 7.450 denuncias desde enero hasta junio de 2020 por este tipo de delito, según los datos oficiales que recoge el Ministerio del Interior. Una cifra que se traduce en 40 denuncias por día en tan sólo seis meses. El auge de este movimiento se ve amparado por el «escudo social» impulsado por el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que en julio anunció una prórroga de los contratos de los alquileres y la prohibición de ejecutar desahucios y de cortar suministros básicos.

Los ataques a la propiedad privada y a los «grandes tenedores de viviendas» no son nuevos ni consecuencia de la situación económica que atraviesa España por el coronavirus. Entre las políticas sociales de Unidas Podemos se encuentra una modificación legislativa para «despenalizar el delito de usurpación en los supuestos de familias en situación de exclusión residencial y cuando se haya realizado en pisos vacíos de entidades financieras, grupos inmobiliarios, fondos de inversión y asimilables».

O lo que es lo mismo, despenalizar la okupación, y en consecuencia legalizarla. Ya lo decía la ex ministra socialista de Vivienda en 2006, María Antonia Trujillo, «el movimiento okupa… es forma de vida alternativa, por cierto, muy extendida en algunos lugares del mundo, sobre todo en la Unión Europea, desde Berlín, a Londres, a Amsterdam».

El 84% de la población española posee un inmueble, mientras que el 16% posee dos o más. Esa es la realidad con la que choca, en este caso, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. El pasado lunes, coincidiendo con la apertura del año judicial, anunció que en los próximos días dictará una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los fiscales del tema de las «ocupaciones de morada», al que se ha referido como «fenómeno delictivo”.

«Están muy bien las declaraciones de intenciones, pero lo que se tiene que hacer es cumplir con la ley actual, con la ley de desahucio express», manifiesta a OKDIARIO Serafín Giraldo, director de PolicíaH50.

La imposibilidad de echar a un inquilino ilegal y los dilatados procesos judiciales lleva a muchas familias a contratar los servicios de empresas especializadas en desalojar okupas.

La asistenta okupa

Eso fue lo que hizo la familia de Pilar para poder recuperar de una okupa la posesión de su piso en la localidad madrileña de Leganés. El calvario de esta familia se remonta al mes de marzo cuando Pilar, la dueña del piso, fallece supuestamente tras contraer el coronavirus. Su cuidadora Rosa fue quien halló el cuerpo de la mujer de 75 años. Llamó al seguro de decesos, se puso como beneficiaria del seguro, mandó incinerar el cuerpo de la anciana y cambió a su nombre las facturas del agua y la luz. Tan sólo llevaba unos meses cuidando de Pilar, pero eso no le impidió hacerse dueña y señora de este piso.

Es más, llegó a exigir a la familia de Pilar 15.000 euros como condición para desalojar el inmueble. Tras poner las correspondientes denuncias, esta familia de Leganés contrató los servicios de la empresa Desokupa. El pasado viernes de madrugada, la empresa recuperó el inmueble.

El desalojo de Rosa, la asistenta okupa de Leganés, se suma a los casos de éxito que la empresa Desokupa, fundada por Daniel Esteve, ha logrado desde el año 2016.