La Guardia Civil detiene a 107 personas por la extracción de agua en más de 1.400 pozos ilegales

La Guardia Civil ha informado de que ha detenido a 107 personas en el marco de la operación ‘MIZU’ como como presuntos autores de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, de distracción de aguas-usurpación y de defraudación de agua.

La operación ha durado cinco meses y estaba encaminada a vigilar y controlar los acuíferos subterráneos y los superficiales. En ella, se han realizado un total de 1.800 inspecciones para la localización de pozos ilegales e investigación de las extracciones ilícitas de aguas, en las que se han detectado 1.457 instalaciones ilegales, de las cuales 1.410 son pozos-sondeos y 47 balsas.

Asimismo, se han formulado 2.198 infracciones, la mayoría catalogadas como incumplimientos a la normativa sobre aguas pero también a la normativa sobre minas y urbanismo y ordenación del territorio.

Uno de los métodos más usados es la perforación de pozos para la captación de agua subterránea. Esta actividad ilegal ha hecho que existan múltiples perforaciones por toda la geografía española, las cuales conforman a su vez un «riesgo importante» para personas y animales, una vez abandonada dicha actividad.

El Seprona de la Guardia Civil ha venido desarrollando dicha operación a través de la vigilancia y control de los acuíferos subterráneos, aunque también de los superficiales, dado que los acuíferos están interrelacionados. Los resultados de la operación confirman la detección de otros delitos conexos asociados a estas prácticas, lo que ha supuesto una actuación integral en materia de medio ambiente.

Entre las actuaciones llevadas a cabo, la Guardia Civil ha destacado la del acuífero del Parque Nacional de Doñana, donde se detectaron 28 excavaciones y 37 pozos ilegales; en Lucena del Puerto (Huelva), donde se clausuraron 77 pozos ilegales; o las desalobradoras ilegales en Murcia, donde se localizaron y precintaron 38 plantas desalobradoras y 35 pozos irregulares.