El arzobispo de Burgos exige a las monjas excomulgadas que abandonen el convento de Belorado

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha anunciado que tomará las medidas legales que sean necesarias si las «ex monjas clarisas» del Convento de Belorado, excomulgadas el pasado sábado, no abandonan el convento en un plazo prudencial. El arzobispo, que también es el representante legal de los conventos de Belorado, Orduña y Derio de las Clarisas, ha explicado que una vez expulsadas de la vida consagrada, las diez ex monjas «no tienen derecho legal a permanecer en los monasterios, por lo que deben marcharse».

Iceta lo ha comunicado este lunes acompañado por la secretaria de la Federación de Hermanas Clarisas de Nuestra Señora Aránzazu, Carmen Ruiz; el vicario judicial de la archidiócesis, Miguel Gómez Arce y Rodrigo Saiz García, director del Departamento de Asuntos Jurídicos del Arzobispado.

Las diez hermanas clarisas del Convento de Belorado fueron oficialmente excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada el sábado. Todas ellas «mostraron su decisión libre y personal de abandonar la Iglesia Católica», ha recordado Iceta. El arzobispo burgalés también ha señalado que las ex monjas, «al ser personas preparadas», entienden que al abandonar la Iglesia «también deben dejar los monasterios», ya que son «bienes eclesiásticos».

Durante su intervención, Iceta ha mostrado su confianza en que el proceso sea «pacífico y sereno» aunque ha recalcado que «todo depende de ellas». Por eso, se les va a conceder «un plazo prudencial» para que ellas mismas abandonen el convento antes de tomar medidas legales, aunque el arzobispo no ha especificado cuál es ese plazo.

Asimismo, Iceta ha subrayado que la excomunión es «algo reversible», de hecho, en el manifiesto que ha leído en la rueda de prensa, ha declarado que «la iglesia está deseosa de que vuelvan una vez recapaciten y se den cuenta». El arzobispo también ha insistido en que «son ellas las que deciden abandonar la Iglesia, no se las echa».

Por otro lado, en la comparecencia se ha explicado que el pasado día 22 de junio se requirió a la ex abadesa, Laura García de Viedma, toda la información económica necesaria para el sostenimiento de la vida ordinaria en el convento y el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias y fiscales que afectan a estos. Al revisar la información proporcionada, se ha comprobado que los saldos de las cuentas corrientes «son insuficientes y pequeñas». No supera los 6.000 euros ninguna de las 10 cuentas, por lo que el Arzobispado es consciente de que «es preciso inyectar liquidez» y la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu ha previsto transferir fondos de otros monasterios para que haya saldos suficientes.

El arzobispo de Burgos ha asegurado que desde el 13 de mayo «se ha estado a la espera de abrir un diálogo con la Comunidad», pero tras diversos y variados intentos este no ha sido posible por «la actitud de la comunidad». También señala que el 21 de junio recibieron los dos últimos burofaxes en los que se afirma que «no reconocen la autoridad de este Tribunal, ni su jurisdicción sobre las almas y menos aún» sobre ellas.