Mónica García lleva al caos al sistema sanitario: 23.400 empleos menos en lo que va de año

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de salud, política sanitaria y análisis de opinión en OKDIARIO.
• • 03/03/2026 13:14
  • Actualizado: 03/03/2026 13:15

La gestión de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad la vuelve a acarrear duras críticas tras conocerse la pérdida de 23.483 empleos en el sector sanitario en lo que va de año. Como ministra responsable de la sanidad en España, y con tres años de presupuestos prorrogados sin una actualización suficiente para que las comunidades autónomas puedan afrontar el aumento de costes, la presión sobre el sistema se ha intensificado. La falta de un refuerzo presupuestario adecuado, denuncian diferentes voces del sector, está limitando la capacidad de las autonomías para responder a la creciente demanda asistencial.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el sector sanitario ha perdido 23.483 empleos en lo que va de año —13.981 en enero y 9.502 en febrero—, de acuerdo con los datos de la Seguridad Social publicados este martes.

Asimismo, el sindicato exige mejoras en la formación especializada. Recuerda que, en la última convocatoria, 8.300 médicos y 9.000 profesionales de enfermería se quedaron sin plaza, pese a los «graves problemas» que afectan al Sistema Nacional de Salud para atender adecuadamente a la ciudadanía.

«Tampoco ayudan los problemas detectados en la última prueba selectiva de formación especializada, con retrasos en las notas provisionales, quejas por errores, falta de seguridad y posibles irregularidades, así como la exigencia de una auditoría y revisión detallada por parte del Ministerio de Sanidad», concluye CSIF, en un contexto que vuelve a situar la gestión del Ministerio de Mónica García en el centro del debate político y social.

Estatuto Marco

El sindicato subraya que la temporalidad sigue «estancada» en el 30%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), lo que refleja que la precariedad estructural continúa siendo uno de los principales problemas del sistema.

Para CSIF, el dato de la Seguridad Social es «inaudito» dada la «difícil situación» que afronta el Sistema Nacional de Salud (SNS). El sindicato advierte de la alta incidencia de patologías propias del invierno, la sobrecarga en Atención Primaria, el incremento de las listas de espera y el agotamiento de los profesionales debido a sus condiciones laborales.

Ante este escenario, CSIF reclama a los responsables políticos que prioricen la sanidad en la agenda pública y que impulsen el desarrollo efectivo del Estatuto Marco recientemente firmado, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales, favorecer la retención del talento y facilitar la conciliación familiar y profesional.

Cambio de contabilidad en las listas de espera

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha convertido en el centro de una  nueva polémica política tras anunciar un nuevo Real Decreto que cambia la forma de contabilizar las listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS), una medida que claramente es un intento deliberado de minar el liderazgo sanitario de la Comunidad de Madrid y rebajar sus cifras de gestión sanitaria más favorables. Esta iniciativa llega apenas días después de que el mismo Gobierno impulsara una ley para frenar y restringir aún más los conciertos sanitarios público‑privados, lo que ha sido percibido como otro ataque directo al modelo de gestión sanitaria madrileño y a la libertad de elección de los ciudadanos.

El Ministerio de Sanidad anunció que ha puesto a audiencia pública el proyecto de Real Decreto que sustituiría al vigente Real Decreto 605/2003, con el objetivo oficial de unificar y modernizar el sistema de información de las listas de espera en todo el SNS. Según el propio texto legal, que está abierto a aportaciones hasta el 8 de marzo, la norma busca corregir deficiencias como la falta de cobertura homogénea en ámbitos asistenciales relevantes (como Atención Primaria o Salud Mental) y las diferencias en interpretación de criterios entre comunidades autónomas. Sin embargo, pretende sacar una norma sin el acuerdo con las autonomías, de espaldas al Consejo Interterritorial.