La vuelta al cole armados en una ciudad invadida

Lo típico: el uniforme, los libros, una mochila nueva, libretas, lápices, un estuche, la agenda… y el espray de pimienta. Para esto último, los padres de Ceuta deberán haber sido muy previsores dado que, en las armerías de la ciudad autónoma, esa arma de autodefensa está agotada desde hace semanas y se vende con listas de espera, así que habrán tenido que comprar por internet un modelo homologado en un establecimiento autorizado. Ellos ya saben perfectamente que las leyes españolas prohíben que los menores de edad lo compren y lo porten y que se exponen a sanciones que van desde los 601 euros hasta los 30.000, según la graduación que decida la Delegación del Gobierno sanchista. Es posible que algunos se arriesguen a tener que pagar la multa si es la única forma de evitar que su hija o su hijo sea víctima de una violación, pero la inmensa mayoría han adquirido este nuevo material escolar para portarlo ellos mientras escoltan a sus hijos a la entrada y a la salida de sus colegios.

Los barrios de Ceuta se han convertido en algo parecido al Lejano Oeste, así que no se puede andar por ellos desarmado. Mucho menos se puede dejar que los niños vayan y vengan solos de sus colegios ni de sus actividades extraescolares. El Gobierno dice que ha puesto a un vigilante de seguridad en cada centro escolar, independientemente de su tamaño, y que las calles estarán aseguradas por un ejército al que obligan a patrullar desarmado. Pero los ceutíes saben que sus 12.870 niños escolarizados en los distintos niveles del sistema educativo no pueden ir solos por unas calles que han sido ocupadas por más de 20.000 invasores, como demostró OKDIARIO. 

Junto a la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, en la barriada de Los Rosales, a la que deberían asistir 176 niños de entre 0 y 3 años, el Gobierno ha montado un campamento para alojar a miles de invasores. No es un caso aislado. Además de los que pretende meter en el puerto, han montado campamentos en Loma Colmenar, en los terrenos de La Hípica y en el polígono industrial del Tarajal. En todos esos barrios hay colegios a los que llevar y de los que traer niños rodeados de invasores. Y luego confiar en que un único vigilante de seguridad privada va a ser suficiente para proteger los miles de metros cuadrados donde permanecerán cientos de niños a su cuidado durante seis horas cada día. Mucha confianza parece esa para unos padres que ven con sus propios ojos, sin necesidad de que nadie se lo cuente, cómo la violencia y las agresiones sexuales se han convertido en la nueva normalidad de las calles de Ceuta.

Si el trabajo se lo permite, o si tienen abuelos con los que dejarlos, muchos padres han preferido dejar a sus hijos en casa y no arriesgarse hasta ver cómo evoluciona la situación. Por eso hoy la asistencia ha sido muy inferior a la habitual en el primer día de curso, hasta el punto de que la ministra de Educación, Milagros Tolón, ha reconocido en una entrevista en la Cadena Ser que «algunos centros están funcionando perfectamente, otros menos», negándose a dar más datos. El Gobierno pretende que los niños de Ceuta vuelvan cuanto antes a su rutina, para así tratar de aparentar que la ciudad autónoma ha vuelto a una normalidad que se caracteriza por el hecho de que los padres que pueden dejar a sus hijos en casa no los están llevando a los colegios, y los que no tienen más remedio que llevarlos lo hacen cargando con sus mochilas al hombro y apretando con fuerza el bote de espray de pimienta que tienen que llevar escondido en su bolsillo. La vuelta al cole en una ciudad invadida obliga a que los padres vayan armados para proteger a sus hijos.