Violentar una misa costará tres veces menos que gritar ¡Viva Franco!

«No sería posible aplicar el principio de capacidad económica en materia sancionadora sin transgredir al tiempo la igualdad formal de los ciudadanos ante la ley, toda vez que no cabe sancionar más al que más tiene, debiendo exigirse en cambio a conductas iguales, sanciones iguales». El argumento de la  Sala Tercera del Supremo (Contencioso Administrativa) no admite ninguna duda, pero el PSOE de Pedro Sánchez parece dispuesto a saltarse la ley con tal de llevar la Memoria Histórica al paroxismo del absurdo.

¿Qué es eso de que quien incumpla la norma pagará más si dispone de más medios económicos? Estamos ante una ocurrencia populista que atenta contra la igualdad española ante la ley que contempla el artículo 14 de la Constitución. Mamarrachadas de este calibre ya las planteó en su día Podemos, que pidió que las sanciones de tráfico se adecuaran a la capacidad económica del infractor. Es cierto que los tribunales no han logrado ponerse todavía de acuerdo al respecto y que existen sentencias contradictorias, pero la justificación del Supremo antes mencionada parece resolver las dudas.

Más allá de las disquisiciones legales lo que subyace es la obsesión del PSOE por convertir la Memoria Histórica en una ley que rezuma sectarismo ideológico por los cuatro costados. Las penas consideradas como muy graves podrían alcanzar los 100.000 euros de multa, más de tres veces que la multa más alta que, según la Ley de Seguridad Ciudadana, acarrea perturbar la seguridad en oficios religiosos, por ejemplo. O sea, que entrar en una Iglesia en actitud provocadora o violenta, poniendo en riesgo la seguridad de los asistentes a la ceremonia, es tres veces menos grave para el Gobierno de Pedro Sánchez que hacer exaltación del franquismo en un espacio abierto al público. O dicho de otro modo: violentar una misa costará tres veces menos que gritar ¡Viva Franco!