La Audiencia Nacional debe investigar la financiación de Podemos

La ingente documentación intervenida a José Manuel Villarejo en el momento de su detención e ingreso en prisión en 2017 ha provocado que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional haya tenido que abrir hasta 10 piezas separadas de la operación conocida como ‘Tándem’. Pese a que se ha puesto en duda las oscuras intenciones del agente infiltrado, lo cierto es que, allá donde se ha mirado, el juez ha encontrado material probatorio para iniciar las pertinentes investigaciones paralelas. Y si esos documentos daban para 10 piezas, otro tanto debería de suceder en el caso de la financiación de Podemos. El juez García-Castellón debe investigar los vínculos políticos y económicos que Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón y otros dirigentes de Podemos han mantenido con la cúpula chavista y del castrista.

La novedad en la documentación aportada reside en que detalla –con inédito nivel de concreción– toda la estrategia de subversión que la dictadura venezolana, monitorizada por La Habana, puso en marcha para expandir el populismo a lo largo y ancho del mundo, tomando a España como campo privilegiado de experimentación.

Nada era dejado al azar. Desde la coordinación de la acción desestabilizadora con Cuba e Irán hasta el empleo de la valija diplomática o de sociedades instrumentales para que el dinero llegase en efectivo. El sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, era la persona encargada de coordinar a los distintos elementos de desestabilización política, entre los cuales también se encontraba el grupo terrorista Hezbolá.

¿Cómo ha conseguido el comisario una información con este nivel de detalle? Miembros destacados de Izquierda Unida contactaron con el propio Villarejo para que les ayudara a desbloquear en un banco de un país africano una importante suma de dinero procedente de Venezuela con el objetivo de repatriarla a España.

Villarejo, en sus documentos, no solo detalla la estructura política y financiera de este entramado, sino que también ofrece nombres y apellidos de los principales responsables de implementar la estrategia delictiva en cada una de sus fases. Encontramos importantes apparatchiks de Izquierda Unida –Miguel Rivera– y del antiguo PCE –Manuel González– junto a altos cargos venezolanos que ahora residen en España u otros países de Europa; por ejemplo, Rafael Reiter o Rafael Ramírez. Es más, algunos de estos testigos actualmente se encuentran en prisiones españolas.

El Estado de Derecho no admite, para ser denominado como tal, ni cláusulas ni excepciones. El rigor que el juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional,  ha mostrado en anteriores piezas será la mejor garantía de que esta nueva investigación conducirá a buen puerto.

En cuanto a los abogados de Podemos, que tan activos han estado en cada una de las diez anteriores piezas, tienen ante sus ojos una excelente oportunidad para investigar unas cloacas reales: la manera en que se ha financiado la formación que defienden.