Los tributos y la doble vara de medir del PNV

El PNV, a través tanto del portavoz de dicho partido en el Congreso, Aitor Esteban, como del senador y antiguo predecesor del señor Esteban en la Carrera de San Jerónimo, Iñaki Anasagasti, se han unido al independentismo catalán en la función de teloneros del Gobierno de Sánchez e Iglesias en su ataque contra la Comunidad de Madrid para obligar a la región madrileña a que suba impuestos.

De esa manera, Esteban ha dicho que le parece bien que se avance hacia una homogeneización tributaria en toda España, salvo, eso sí, el régimen foral del País Vasco e, imagino, que también de Navarra. Por su parte, Mikel Legarda, portavoz adjunto del PNV en el Congreso, ha dicho que “Madrid es un agujero negro fiscal y económico que atrae todos los elementos necesarios para crear una situación económica mucho más favorable y diferenciada”.

Con ello, se consuma el apoyo independentista al Gobierno en una materia en la que deberían callar por diversas razones. Los nacionalistas vascos, porque gozan de un sistema fiscal privilegiado junto con Navarra, que no tiene el resto de España. Los independentistas catalanes, porque no quisieron ese sistema en la Transición, para no aparecer como la unidad recaudadora, y porque después lo pidieron reiteradamente.

Se olvidan unos y otros de que el problema de las inversiones no es la capitalidad de Madrid, sino el clima de desconfianza que han generado a lo largo de décadas unos y otros. Los independentistas catalanes con sus barreras de entrada y de salida empresarial y su discriminación lingüística, además de con una subida masiva y continuada de impuestos que han hecho que su sistema tributario regional se convierta en confiscatorio, mientras se quejan del falso “España nos roba”, en el que han encontrado una segunda parte de su farsa en “Madrid nos roba”.

Los nacionalistas vascos, por su parte, siguen sin darse cuenta de que el terrorismo de ETA ha hecho que muchos vascos tuviesen que exiliarse -si no hubiesen tenido que hacerlo no ganarían las elecciones los partidos independentistas- y ha creado tal inseguridad jurídica que pocas personas se arriesgan a invertir seriamente en la región vasca. Y sin inversión no hay actividad; y sin actividad no hay puestos de trabajo. Ambas regiones, fuertemente beneficiadas durante el régimen de Franco, vienen ahora a decir que una región uniprovincial como Madrid ha conseguido buenos resultados porque alberga la capital de España, cuando el grueso de las inversiones históricas fueron siempre a esas dos regiones del norte y noreste de España.

El PNV puede decir lo que considere, pero no puede pretender que sea verdad cuando no lo es, como cuando afirma que Madrid crece por el efecto de la capitalidad o por tener los impuestos más bajos. Ellos cuentan con un régimen foral que podría beneficiarlos mucho más y, sin embargo, crecen menos y son menos prósperos, porque no han sabido crear las condiciones para que haya crecimiento sólido; es más, no han sabido conservar el mayor crecimiento que tenían derivado de las fuertes inversiones industriales realizadas allí durante el régimen de Franco.

Y lo que tampoco cuenta es que, ellos, de solidaridad no pueden hablar mucho. Una cosa es que el régimen foral del País Vasco y Navarra deban ser respetados, porque son constitucionales, al quedar así reflejados en la DA 1ª de la Constitución, y otra muy distinta es que el erróneo cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra deberían ser corregidos, además de que debería articularse un mecanismo para que, manteniendo los regímenes forales, estas dos regiones cumpliesen con otro precepto constitucional -recogido en los artículos 2, 138, 156 y 158 de la Constitución-, como es la solidaridad entre regiones, solidaridad que, a día de hoy, no cumplen.

Los datos son claros: las dos regiones forales ni aportan a la solidaridad interterritorial, al no participar del Sistema de Financiación, ni las aportaciones estatales a dicha solidaridad se incluyen a la hora de establecer el cupo vasco o la aportación navarra, cupo y aportación que no hay que confundir con una aportación a la solidaridad del resto de españoles, pues sólo reflejan una compensación por los servicios que el Estado presta en dichas regiones. Cupo y aportación, que, por cierto, no se actualizan adecuadamente, de manera que supone una merma para el Estado y, por tanto, un drenaje de recursos que el propio Estado podría destinar a la solidaridad para las regiones de régimen común.

Así, además de no pagar nada de los gastos comunes de provisión estatal y ejercer el resto de CCAA la solidaridad inversa hacia ellas (la media del resto de CCAA es más pobre, de manera que la media más pobre financia a dos de las tres regiones más ricas de España), esa solidaridad inversa se acentúa por el exceso de IVA que se les asigna, por la no actualización de su porcentaje, mucho más alto que el consumo inherente que generan ambas regiones forales.

Es más, si el índice de reparto de IVA es muchas veces erróneo y en múltiples ocasiones está desactualizado en el reparto entre las CCAA de régimen común, donde no siempre cuadra con la evolución económica, menos tiene que ver, incluso, en el reparto asignado a las forales. Y ese error repercute negativamente en las regiones de régimen común, pues al estar sobreestimada la parte que se asigna a las forales, la parte que le corresponde al Estado, y que en su 50% comparte con las CCAA de régimen común, es menor.

Todo ese error de cálculo hace que la financiación per cápita en esas dos regiones forales sea de alrededor de 4.500 euros, entre 2.000 y 2.500 euros más que la media de las de régimen común, con una sobrefinanciación por todo ello de entre 3.000 y 4.000 millones de euros al año, porcentaje elevadísimo sobre el PIB de dichas regiones, que es mucho más reducido que el de Madrid, por ejemplo.

El PNV se equivoca: ejercer la competencia fiscal no es hacer dumping fiscal, sino gestionar la política fiscal en base a las competencias que las regiones tienen, siempre que se respete el objetivo de estabilidad presupuestaria, cosa que en Madrid ha hecho hasta ahora. Cada región debe saber qué gastos realiza. Y al igual que debe saber qué gastos realiza, también debe saber cómo gestionar la parte de los ingresos, que es también componente de esa política fiscal y de la corresponsabilidad en la materia. Lo importante es que las regiones tengan esas mismas competencias para poder decidir cómo ejercerlas. Dumping es otra cosa, mucho más cercana a competencias exclusivas de unos contra las que otros no pueden competir, pues tienen un marco normativo estatal diferente. Que el PNV hable de privilegios es mentar la soga en casa del ahorcado. El problema de la economía vasca no es Madrid ni la capitalidad, sino la pérdida de dinamismo en el País Vasco por no haber sabido crear un marco de desarrollo sostenible, pese a contar con un régimen foral privilegiado, constitucional, desde luego, pero privilegiado. Ésa es la realidad.