Trato VIP a los inmigrantes ilegales y desprecio a los ceutíes
Durante años, el Hospital Universitario de Ceuta tuvo una sala de catástrofes equipada con monitores de última generación, bombas de perfusión y respiradores completamente cerrada. Ni los ceutíes de más edad, ni los enfermos crónicos, ni nadie de la población local pudo pisarla jamás, ni siquiera en los peores momentos de saturación del hospital. Bastó, sin embargo, la llegada masiva de inmigrantes ilegales para que esa sala se abriera de la noche a la mañana. La conclusión que se desprende de los testimonios recogidos por OKDIARIO entre el propio personal sanitario es que no era una cuestión de recursos, era una cuestión de prioridades, y las de este Gobierno están claras.
«Para los ceutíes está cerrada durante muchos años. Y las personas mayores, las personas con dolencias, tienen que estar con los materiales viejos, cosas rotas, que ya ni se tienen que utilizar. Y ahora para ellos sí se abre la sala de catástrofes, todos los monitores nuevos, toda esa sala para ellos exclusivamente», denuncia una sanitaria del centro. Un despropósito que ella misma no duda en calificar de «situación horrible», y que retrata con crudeza el orden de prioridades de la sanidad pública en la ciudad autónoma.
El trato de favor no se limita a esta sala. Según los propios sanitarios, inmigrantes ilegales con fracturas han sido trasladados con prioridad absoluta al hospital de Puerta del Mar, en Cádiz, «con un papelito de la Delegación del Gobierno» que les daba vía libre, por delante de cualquier ciudadano español. Pacientes recién llegados han accedido a sesiones de hemodiálisis de un día para otro, mientras ceutíes con patologías serias siguen esperando hasta un año en lista de espera. La respuesta que reciben estos últimos siempre es la misma: no hay sitio, no se puede, hay que esperar. Para los inmigrantes ilegales, en cambio, siempre aparece un hueco.
Que un sistema sanitario público sea capaz de encontrar equipamiento de última generación, personal de refuerzo y vías de traslado prioritario para quienes han entrado de forma ilegal en el país, mientras sus propios ciudadanos siguen esperando un año por una cita, no es solidaridad: es el abandono deliberado de los ceutíes por parte de un Gobierno que ha decidido, silenciosamente, a quién atender primero.
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