El Gobierno no ha acabado su auditoría de fallos en las pulseras antimaltrato un año después de que OKDIARIO los destapase

El Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha acabado su auditoría interna sobre los fallos en las pulseras antimaltrato pese a que ha transcurrido ya un año desde que OKDIARIO los destapase. Y eso que Ana Redondo, ministra de Igualdad, aseguró en diciembre de 2025 que su investigación interna podía «estar finalizada en enero» de 2026. El propio Ejecutivo ha reconocido ahora que la auditoría «no ha finalizado».

Un grupo numeroso de diputados populares preguntó en junio al Ejecutivo, a través de una iniciativa parlamentaria, sobre las «auditorías, investigaciones y análisis técnicos relacionados con los fallos registrados en el Sistema Cometa durante los años 2024 y 2025, así como el estado de tramitación del nuevo contrato de las pulseras antimaltrato». La cartera de Igualdad ha respondido por escrito y ha admitido que «la auditoría interna no ha finalizado».

Todo ello a pesar de que Redondo aseguró en diciembre de 2025 que había «dos investigaciones en marcha». Por un lado, la del «propio Ministerio» y, por otro, adjudicada a una empresa para realizar una «auditoría externa».

«Evidentemente, si de esas investigaciones se deduce un incumplimiento de contrato, actuaremos en contra de las empresas Vodafone, en UTE con Securitas España, que son las encargadas de la gestión telemática y de la gestión tecnológica del servicio Cometa, que no haya ninguna duda, tomaremos las medidas oportunas, pero lógicamente tenemos que terminar primero esas investigaciones para deducir de ahí que efectivamente hay un incumplimiento del contrato», explicó hace 10 meses la ministra.

«Finalizada en enero»

«Yo creo que la investigación interna puede estar finalizada en enero», aseguró la dirigente socialista. Redondo celebró que se hicieran tanto esta revisión interna como la externa: «Nos permitirá saber exactamente lo que ha ocurrido».

En su respuesta, el Gobierno detalla que «se ha llevado a término una auditoría externa e independiente a través de una licitación pública de carácter tecnológico». La contratación se formalizó con la empresa Izertis Sidertia SLU por un precio de 14.690 euros, sin incluir impuestos, justo por debajo del límite legal que obliga a convocar un concurso abierto a todas las empresas. El ministerio únicamente solicitó ofertas a tres empresas, de las cuales sólo una presentó presupuesto. En la memoria justificativa del contrato, se exigía realizar una auditoría en dos meses para «comprobar la seguridad y fiabilidad de los dispositivos tecnológicos» del sistema Cometa.

Igualdad asegura que las «conclusiones técnicas» de esa investigación externa «se incorporaron al nuevo contrato» de dispositivos de vigilancia telemática del cumplimiento de las condenas y órdenes de alejamiento.

Hasta la entrada en vigor del nuevo contrato, estuvo vigente una prórroga del anterior que, según Igualdad, «ha respondido a la necesidad de garantizar la continuidad de un servicio esencial para la protección y seguridad de las víctimas mientras se completaba la adjudicación del nuevo contrato».

El Gobierno recuerda que «el procedimiento para la nueva contratación se inició dentro de los plazos previstos», pero que «la complejidad técnica del servicio aconsejó ampliar el periodo de presentación de ofertas para favorecer una mayor concurrencia y permitir a las empresas licitadoras preparar propuestas ajustadas a los requerimientos técnicos y de seguridad exigidos».

Chapuza de Igualdad con las pulseras

Igualdad licitó en 2024 un contrato para la gestión de las pulseras antimaltrato que generó un problema técnico que ha afectado directamente a la protección de las víctimas de violencia de género. El paso de una empresa a otra ha provocado que la información anterior no se haya traspasado correctamente a las nuevas bases de datos.

La Fiscalía documentó en su memoria correspondiente a 2024 «múltiples fallos» detectados con estos dispositivos telemáticos de pulseras antimaltrato. El Centro Cometa informó «reiteradamente» a los juzgados de que no pueden facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos.

Esta anomalía produce consecuencias tanto en la fase de instrucción ante los juzgados de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento. En el juzgado de lo Penal «se impide que el legal representante del centro de control pueda responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada», lo que «en muchos casos aboca a una sentencia absolutoria». La Fiscalía General del Estado reconoció que esta situación ocasionó sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores.

Las fiscalías de Madrid, Gerona, Granada y Tenerife han alertado específicamente de «problemas de descarga de la información del anterior proveedor de servicios». Además, avisaron a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas».

No fue el único problema. Los dispositivos de control que compró Igualdad también demostraron ser tan deficientes que hasta los propios maltratadores confesaron que podían quitárselos «perfectamente», según declaró uno de ellos ante un juez.

La situación era tal que Igualdad admitió en febrero de 2025 la necesidad de «mejorar la vigilancia electrónica» para la protección de las víctimas de violencia de género. Sin embargo, no tomó ninguna medida al respecto hasta que OKDIARIO destapó el escándalo de los problemas de funcionamiento de las pulseras antimaltrato, que provocaron la «potencial desprotección» de las mujeres.

Finalmente, Igualdad gastó 71 millones de euros en enero de 2026 para arreglar los errores con las pulseras antimaltrato. De ese gasto, 59.280.321,89 euros corresponden al «servicio integral del sistema de seguimiento correspondiente al servicio de explotación del sistema, al servicio de telecomunicaciones y al servicio de operación, así como instalación, desinstalación y mantenimiento de sets de dispositivos electrónicos». Es decir, a todo el trabajo que se realiza alrededor de las pulseras. Los otros 12.088.947,52 euros se asignarán a la adquisición de nuevos dispositivos.