Suaviter in modo, fortiter in re

Carles Puigdemont y sus secuaces están dejando pocas alternativas al Gobierno. Hasta el momento, el presidente Mariano Rajoy había optado con buen criterio por llevar el diálogo y la mesura institucional hasta el extremo de lo posible en todo este conflicto. Una postura acertada, ya que las instituciones deben desnudar la incompetencia de los golpistas y no darles pretextos con los que cimentar un discurso victimista. Entre otras cosas, porque ese ha sido el objetivo de Puigdemont desde el principio de este sainete de la piromanía política. Sin embargo, la situación en Cataluña ha llegado a unos extremos intolerables. A pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía, los independentistas dieron un paso más en su desafío al inaugurar la campaña del referéndum ilegal. El Ejecutivo acierta al aplicar ciertas medidas propias del artículo 155 de la Constitución, ya que lo está haciendo con tino pero sin concesiones. Así, y tras intervenir la Hacienda catalana, el Estado pagará lo imprescindible para asegurar el bienestar de los catalanes: Sanidad, Educación, Servicios Sociales y nóminas públicas.

Una medida esencial para que sea posible vivir en Cataluña pero, al mismo tiempo, darle un toque a los hostigadores del procés donde más les duele: el bolsillo. La clave está en evitar desvíos de cara a la celebración del referéndum ilegal: «Garantizar que ningún euro irá destinado a una actividad ilegal», como ha asegurado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. De esta manera, además, el Ejecutivo asegura el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Resulta pertinente recordar que además del disloque político, los independentistas han llevado hasta la ruina una de las comunidades autónomas más ricas y prósperas del país. Cataluña se ha endeudado en 40.000 millones de euros desde la llegada de Artur Mas hasta ahora. De hecho, sin la ayuda de España mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la Generalitat no podría pagar a sus funcionarios. Por lo tanto, el Gobierno debe seguir adelante con esta medida, ya que es justa en el fondo e impecable en las formas. Así ningún secesionista podrá elevarse a la categoría de mártir cuando no llegan ni a la de político.