El socialismo es el robo legalizado

A tenor de la instrumentalización de los pensionistas por parte de Sánchez y de la salvajada de sus propuestas para salvaguardar la dignidad de nuestros mayores, de su “Comisión de la Nación de naciones” constituida por “expertos” que piden un “trato diferencial” para Cataluña, y de su amancebamiento con Bildu, Podemos y el PNV para tumbar la Prisión Permanente Revisable, podemos dilucidar que el obsoleto aforo intelectual del secretario general socialista sigue tan arrasado como en 2015. En pie y a la vanguardia de las políticas que han consolidado la ruina mundial socialista y el fracaso personal que ha enterrado a sus homólogos europeos. Hamon, Schulz, y el auto destierro de la prédica del gasto público por parte de Valls, son sólo algunos ejemplos. El genial cronista económico John Müller resumía magistralmente la fórmula del fraude socialdemócrata: “España es el ejemplo de cómo los socialistas corrompen a la sociedad ofrendiéndole el camino del asistencialismo y del reparto”. Lo sucedido este mes con el engaño a los jubilados es uno de los mejores ejemplos de cómo hurtan la productividad de los demás para repartirla a su antojo.

Sánchez tiene la misma legitimidad para defender pensiones dignas que una madame de carretera para defender la castidad en un convento de ursulinas. Ricardo García Damborenea, socialista y condenado por colaborar en el secuestro de Segundo Marey, cobra al mes 2050€ de pensión. Juan Pedro Hernández Moltó, diputado socialista condenado por un delito societario de falsedad contable, se enfunda 247,99€ al mes. Estos son sólo dos ejemplos del más de centenar de exparlamentarios que aún cobran pensiones del Congreso. En la Comunidad Valenciana el gobierno socialista ya abona una renta de más de 532€ a los inmigrantes ilegales que jamás han cotizado un euro. ¿Saben los pensionistas todo esto?

Sánchez apostó en 2017 por una reforma fiscal que, en años sucesivos, conllevará una subida de impuestos en 30.000 millones de euros a costa de situar la presión fiscal en el 41% del PIB con la excusa de “cubrir las prioridades del gasto social”, es decir, buscar una justificación moralista para acabar con los cotizantes que sostienen las pensiones con el único objetivo de pagar el modelo de Estado plurinacional que, el de Ferraz, ya ha consolidado en las Comunidades Autónomas a manos de sus barones. El hortera y tradicional proyecto socialista: un Estado feudal en el que los derechos de las clases medias y bajas siempre han sido entregados a una administración elitista, nacionalista y privatizadora. Sánchez lleva 3 años dedicándose a derribar los medios y recursos independientes inmunes al poder político para entregar y acumular el poder y el capital privado en las manos de los administradores públicos. Transfiriendo el poder del individuo al poder de políticos y funcionarios.

Son ejemplos indiscutibles la Comunidad Valenciana, y Baleares convertidas en “No Go Zones lingüísticas” en las que el español está proscrito. Los únicos padres libres del sometimiento que les impide educar en libertad a sus hijos son los ricos que pueden costearse un colegio privado. Aquellos que no pueden pagárselo son maniatados. Los funcionarios que no acatan la dictadura lingüística de los bastiones socialistas han de huir hacia otros pagos. El proselitismo del analfabetismo educativo y universitario de su modelo público es inevitable salvo crédito millonario, y el alarmante aumento de las listas de espera de enfermos por las reversiones de la colaboración público-privada en el sector sanitario está condenando violentamente la vida de enfermos oncológicos en regiones como la valenciana porque estos no pueden elegir siquiera en qué hospital quieren ser tratados. La existencia de Sánchez es positiva porque nos recuerda como el socialismo es inherente a la pérdida de derechos, la ruina y a las expectativas de vida comprometidas. El socialismo es el robo legalizado.