Si Sánchez desacata al Supremo, las elecciones no serán democráticas

Tras la decisión del Tribunal Supremo de ratificar la suspensión de su inscripción en el censo de los nacionalizados por la Ley de Nietos que no presentaron pruebas fehacientes del exilio de sus antepasados, el Gobierno ya tiene preparado un plan B: trasladar la patata caliente a los consulados para que sean ellos quienes eliminen a estas personas del censo. Y como eso es técnicamente imposible por falta de tiempo, defiende el argumento de que el «cónsul tiene la obligación de permitir votar a quien tenga derecho al voto». O sea, que lo que plantea el Ejecutivo es desobedecer al alto tribunal amparándose en una imposibilidad técnica.

Son 163.000 nacionalizados que ya están inscritos, pero el Gobierno lleva arrastrando los pies desde hace un mes, cuando el Tribunal Supremo le instó a determinar cuántos de estos no presentaron la documentación que certificara el exilio de sus ascendientes, que son la mayoría. Para entendernos: el Ejecutivo lanza un órdago al máximo tribunal: si tú me ordenas sacar del censo a estos nacionalizados, yo no estoy en condiciones de hacerlo. El choque está servido: dicen acatar la resolución del Supremo, pero que no pueden cumplirla y, ante esa imposibilidad, defiende que los ya inscritos en el censo voten.

La trampa es mayúscula, porque el derecho fundamental al voto al que se abraza el Gobierno ignora que la nacionalización pudo hacerse en fraude de ley, de modo que esas 163.000 personas son, en una gran mayoría, falsos españoles, sin derecho al sufragio. Esa es la cuestión. Lo que no tiene sentido y acrecienta las sospechas de pucherazo a gran escala es que voten quienes fueron nacionalizados de espaldas a la ley. Dice la ministra portavoz, Elma Saiz, que «en una democracia, el derecho a voto se garantiza y no se restringe». No, ministra, no. En una democracia, el derecho de voto se obtiene cumpliendo la ley. Lo que no ha hecho, precisamente, este Gobierno.