El PSOE cambia de bando

La última prueba del cambio de “trinchera” socialista lo tuvimos el pasado domingo en Alsasua. La Fundación España Ciudadana creada por C’s organizó un mitin político en dicha localidad navarra de unos 7.000 habitantes, que adquirió notoriedad nacional porque algunos de sus jóvenes cachorros dieron una paliza a dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas, mujeres, una madrugada. Alsasua es España. Un partido político o cualquier organización tiene derecho a organizar allí un mitin político y los ciudadanos del pueblo tienen la obligación de respetar la ley. ¿O no? ¿Existe allí una ley distinta que dice que los derechos civiles de la ciudadanía están a expensas de lo que decidan los radicales del pueblo? ¿Se puede en el Estado español ejercer los derechos civiles y políticos en cualquier zona del mismo o existen mafias locales que deciden por encima de la ley?

El recibimiento a los ciudadanos que acudieron al mitin portando banderas de España fue de insultos, amenazas, lanzamientos de piedras y estiércol, boicot del evento con aparatos de música a todo volumen, motosierras, y las campanas de la Iglesia sonando —según el párroco, unos jóvenes entraron al campanario y cerraron la puerta; fueron identificados y desalojados con posterioridad—. La Policía Foral pudo hacer algo más pero no quiso, o no pudo, aunque sabiendo que el Gobierno de Navarra está en manos de abertzales, los filoterroristas etarras, es fácil suponer las instrucciones que recibieron. Alsasua funciona como una dictadura. Los no afectos son aislados. La novia del teniente además de agredida ha debido abandonar el pueblo. Sus padres han cerrado el bar. Tienen puesta en venta la casa, pero no consiguen venderla —por la presión que ejercen sobre los que quieren comprarla—.

Están condenados a vivir como judíos en territorio nazi. Y el Estado español, cobarde y miserable, no interviene. Toda la diligencia la dedica a los poderosos, a poner escoltas a saltimbanquis y vividores de la política en casoplones sin ayudar a los ciudadanos que lo precisan. ¿A qué esperan para considerarlos víctimas del terrorismo, comprarles la casa y facilitarles unas condiciones de vida dignas? Alsasua, como otros pueblos de España, está en manos de mafiosos independentistas que imponen sus caprichos por encima de las leyes. El Estado está ausente. El PSOE, su portavoz del Senado Ander Gil, el ministro de Interior o el de Fomento han realizado declaraciones impresentables no repudiando la violencia de los fanáticos y culpando de provocación a quienes ejercen sus derechos civiles y políticos. Un cambio de trinchera, de la democracia, las leyes y el ejercicio pacífico de los derechos a apoyar a los filoterroristas que lo impiden.

A partir de ahora si los jubilados, policías, autónomos, conductores de diesel… ciudadanos con derechos deciden arrojar estiércol, insultar y acosar a los militantes del PSOE en cada mitin, será exigible que les apliquen la misma consideración que a los violentos de Alsasua. Entre la jauría de radicales paseando, haciendo acto de presencia como “pastoreando” a los violentos estaban la presidenta del Parlamento Navarro —de Podemos— y el asesino Zabarte Arregui, condenado por 17 crímenes de los que nunca se arrepintió, —entre ellos cinco niños y mujer embarazada—, que fue detenido escondido en un armario, con el arma cargada, sin realizar un disparo, físicamente cagado y meado, cuando dos de sus cómplices de comando ya habían resultado muertos. El PSOE con Sánchez a la cabeza ha cambiado de trinchera. Defiende casi por obligación y con la boca pequeña a la Monarquía como forma de Estado y la Transición, mientras jalea, negocia, comparte y fortalece a quienes quieren destruirla.