Las pruebas del nepotismo y la mentira

Estamos ante un escándalo de proporciones mayúsculas. Como ha informado OKDIARIO, la consejera de Justicia de la Generalidad valenciana, Gabriela Bravo, pareja sentimental del presidente regional, Ximo Puig, no activó la Inspección de Servicios de su Consejería para investigar el escándalo del millonario pago de subvenciones a las sociedades de Francis Puig, hermano del máximo responsable del Gobierno autonómico. El documento que publica OKDIARIO no ofrece duda alguna: la consejera de Justicia tenía la obligación de comprobar el correcto control de la legalidad o ilegalidad de las ayudas de cerca de 850.000 euros que dio la Generalitat de Ximo Puig a las empresas de su hermano -el importe total asciende a 1 millón si se suman las ayudas dadas por el Gobierno socialista de Aragón y el separatista de Cataluña-, pero omitió su deber de control.

El PP ha acusado a la consejera: “No ha hecho nada y nunca ha controlado el dinero público de los valencianos que iba a parar las empresas el hermano del presidente Ximo Puig”, señaló este pasado miércoles la portavoz adjunta del Grupo Popular Valenciano, Eva Ortiz.

Gabriela Bravo negó la acusación del PP y afirmó que sí se llevó a cabo la inspección correspondiente. ¿Quién tiene razón? Pues a tenor de la documentación que existe en los archivos oficiales de la Consejería de Justicia del Gobierno Valenciano, revisada por este diario, la denuncia de los populares es absolutamente cierta. No consta ningún informe llevado a cabo sobre el control a esas empresas, pese a que el propio documento regulador de los planes de inspección para los ejercicios 2018 y 2019 señala expresamente que “el artículo 165 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, establece el contenido mínimo de las órdenes de bases de la concesión de subvenciones y en el apartado j) se indica que éstas deberán definir el “Método de comprobación de la realización de la actividad a través del correspondiente plan de control”.

La consejera Bravo ha mentido en sede parlamentaria, pues, tras ser preguntada por este aspecto, aseguró que sí había inspeccionado las empresas del hermano de Ximo Puig. No es cierto, porque la Inspección no ha sacado ningún tipo de informe sobre las subvenciones obtenidas por los hermanos del presidente Puig. Queda acreditado que estamos ante un caso flagrante de nepotismo que el Gobierno valenciano trata de ocultar sirviéndose, una vez más de la mentira.