Policías seguros, ciudadanos con derechos (II)

El año 2000 se inventó el premio al policía del mes. Lo recibió un agente de Madrid por hacer más de 600 identificaciones, todas abusivas, porque no había razón para injerirse en la vida de ciudadanos (víctimas) cuyos derechos fueron vulnerados. Solicitamos examen psicológico del agente por si padecía el conocido como síndrome de Vietnam, enfermedad mental que aquejaba a soldados norteamericanos a la vuelta de la guerra, que les llevaba a considerar como soldados enemigos al conductor de autobús, camarero, cartero…

Tiempo después recibimos en el sindicato policial SUP una llamada del consulado francés en Málaga, preguntando si había alguna directriz para identificar a ciudadanos franceses porque recibían quejas de sus nacionales identificados cuando paseaban. El secretario no quería creer que en España cualquier policía podía identificar a cualquier ciudadano sin razón, por su simple voluntad. Lo de hacer estadísticas para el mando y los políticos era más incomprensible porque según él, ambos deberían encargarse de lo contrario: impedir abusos policiales contra las personas. En 2021 se mantienen prácticas policiales incompatibles con un régimen democrático de ciudadanos libres con derechos civiles. Son responsables los gobiernos de PSOE, PP, mandos policiales de todos los cuerpos y una muy deficiente formación profesional impartida desde hace 30 años.

Algunas prácticas de policías de distintas administraciones en España no son aceptadas en países democráticos de nuestro entorno. Según el Informe de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa de marzo pasado, somos el único país democrático europeo donde un ciudadano puede ser identificado, interrogado y cacheado en la calle sin ninguna razón para ello y sin necesidad de argumentar por qué se hace. Se identifica a capricho del policía (estatal, autonómico o local) o por orden del mando (siempre verbal por ser ilegal), para estadísticas de falsa eficacia que no reducen la criminalidad. En democracia es tan fundamental combatir manifestantes violentos y delincuentes como no violar derechos civiles interfiriendo en la vida de los ciudadanos con identificaciones y cacheos prospectivos.

En democracia, una ley de Protección de la Seguridad Ciudadana es básicamente para proteger y servir a los ciudadanos, respetar sus derechos civiles y proteger a los policías en su tarea. Ni los policías pueden estar desprotegidos ni los ciudadanos sometidos como súbditos o vasallos sin derechos de dictaduras o regímenes autárquicos. La democracia es un régimen de personas libres con los derechos inherentes a tal condición.

Los policías que pretenden actuar con patente de corso contra una ciudadanía sin derechos civiles no son profesionales para una democracia. Los cambios que se plantean, aunque algunos carecen de sentido y son demagogia populista, no restan eficacia ni operatividad a los policías ni los ponen en riesgo. Exigir lógica y coherencia en escritos policiales no acaba con el principio de veracidad (¿se hacen ahora sin esos requisitos?). Respetar los derechos de la ciudadanía como norma fundamental no impide ejercer la fuerza necesaria contra los cafres en manifestaciones o los delincuentes violentos, a los que hay que tratar conforme exijan las circunstancias dentro de la legalidad. Sólo a ellos cabe aplicar el principio de autoridad, no a cualquier ciudadano, para identificarlo sin razón justificativa porque es un abuso ilegal impropio de un policía en democracia.

Si Interior prohíbe identificaciones y cacheos arbitrarios y ordena a los mandos que los controlen e impidan, habrá resuelto el nudo gordiano de la vulneración de derechos civiles desde la ley Corcuera ampliada por la llamada por la izquierda ley mordaza. Si dota a los policías de cámaras en el uniforme, armas táser y un profundo reciclaje, tendremos mejor democracia, policías seguros y ciudadanos con derechos.