Pedro: la Ley de Datos hay que respetarla

Los esfuerzos que Pedro Sánchez y sus partidarios continúan haciendo para recuperar el mando en el PSOE son la evidencia de que la tajada de poder político es muy jugosa. A pesar de su intensa existencia viajera y transoceánica, a pesar de sus constantes vacaciones y de la escasez de tiempo para la dinámica política, el diputado Sánchez sigue moviendo sus peones para tratar de forzar un Congreso Extraordinario que lo acerque a las anheladas primarias. Después de su dimisión —que no despedida, al menos por ahora— el voto de los militantes es al ex secretario general lo que un corcho en medio del mar para un náufrago: la última esperanza. No obstante, ni las prisas ni la angustia suelen ser buenas consejeras en política. Si la ansiedad por presentar las firmas necesarias en Ferraz lleva a los pedristas a hacer alguna trampa con el censo oficial del Partido Socialista no sólo estarían incumpliendo los estatutos sino que, además, podrían incurrir en un delito contra la Ley de Protección de Datos. Una estratagema que sería, en sí misma, la perversión de la propia democracia.

Uno de sus partidarios, José Antonio Rodríguez, alcalde de Jun, se ha jactado a través de las redes sociales de que ya tenía más de la mitad y que estarían a tan sólo 20.000 firmas de conseguirlas todas. De nada les servirá esa recopilación express por mucho que la coteje un abogado y la apruebe un notario, ya que es la Comisión de Garantías la única encargada de verificarlas. Si dichas firmas llegaran finalmente a la sede nacional del PSOE no sólo tendrían que pertenecer a parte de los 187.439 afiliados que tiene el partido. Sino que, además, los datos no podrían haber sido tomados del Censo General. Éste ha de ser custodiado exclusivamente por la Secretaría de Organización y el Departamento Federal de Afiliación y Censo. Por lo tanto, y dado que no puede salir copia alguna de Ferraz, el listado sólo puede estar en posesión del partido. Cualquier estrategia que no estuviera comprendida entre los límites de esos parámetros supondría un delito y la consiguiente pérdida total de credibilidad tanto para Pedro Sánchez como para sus afines.