Sánchez mide su adiós si se protege a Begoña Gómez
Pedro Sánchez ha pasado del liderazgo con ambición a un liderazgo que huele más a supervivencia que a proyecto. No es sólo la aritmética parlamentaria lo que lo mantiene en pie, sino la constante sensación de que cada movimiento, cada giro, responde menos a convicciones firmes y más a resistir el desgaste político. El desgaste no es menor: entre presuntas irregularidades, acusaciones de corrupción y un clima de desconfianza generado alrededor del Ejecutivo, el presidente parece empeñado no tanto en ganar batallas como en evitar cualquier desastre jurídico.
Hay, digámoslo así, en Pedro Sánchez, una obstinación de novelista que confunde la política con la supervivencia estética: resiste en La Moncloa como quien alarga el capítulo para que no llegue la última página, no tanto por el argumento público —que siempre suena a épica de hemiciclo— como por ese margen íntimo donde se negocian los desenlaces domésticos; uno diría, con la pluma algo maliciosa, que el poder presente es su escudo y su prólogo, y que el después exige tiempo, respiración y pactos de pasillo para amortiguar el peor de los escenarios judiciales para su mujer, Begoña Gómez.
Así, la resistencia no sería sólo programa ni ideología, sino un elegante ejercicio de demora: ganar meses como quien gana párrafos, para que cuando el ruido de togas y titulares apriete, el narrador aún tenga a mano una salida, aunque sea a la derecha.
Es decir, yendo al grano, en su entorno circulan voces que sugieren que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría haber calculado su adiós condicionándolo a blindar a su esposa, Begoña Gómez, quien actualmente está imputada por hasta cinco delitos. Esta circunstancia explicaría el intento, casi desesperado, de negociar incluso la continuidad del Ejecutivo. Pero, ¿cómo articularlo? Algunos analistas sostienen que las opciones son pocas o casi nulas; de ahí que una de las razones para prolongar su mandato hasta 2027 sería precisamente ganar tiempo y gestionar el contexto judicial.
Otra estrategia que se menciona entre bambalinas sería hacer coincidir las elecciones generales con las andaluzas, diluyendo así el ruido mediático y minimizar los riesgos de un resultado aún más adverso del que se presagia, aunque siempre quedaría condicionado a cómo se desarrollen los acontecimientos judiciales. Porque hay que pensar que Alfonso Guerra no quedó tan señalado por su hermano, aquel Caso Guerra de corrupción como si hubiera sido su esposa –por ejemplo–, y a Sánchez le ocurre igual, no quedaría tan marcado por su hermano, pero sí por su mujer a la que «hay que salvar».
Así, nos encontramos con su especialidad, que es recalcular, buscar aliados, fuera de su partido ofreciendo todo lo que esté a su alcance. Claro, cómo pactar y con quién, un adelanto electoral si no se consigue aminorar causas judiciales. Esa es la cuestión, para un personaje que quiere llegar al epílogo con buena letra y un final feliz. Algo similar al Pacto del Olvido de la Transición y ligado a la Ley de Amnistía de 1977. Pero a estas alturas con tal daño democrático hecho a España, sólo acuerdos con altísimas prevendas podría darle margen de maniobra.
Y, a todo esto, habría que añadir el revés de Junts que es sólo otra prueba de que sostener esta novela de equilibrios se parece cada vez más a caminar por una cuerda floja. Al mismo tiempo, el Gobierno ha puesto sobre la mesa la desclasificación de documentos de uno de los episodios más delicados de nuestra historia reciente, el 23‑F. Decenas de documentos sobre el intento de golpe de Estado de 1981 han salido a la luz tras más de cuatro décadas bajo llave, con el presidente defendiendo la medida como un acto de transparencia y memoria democrática.
Pero, como periodista, me surge otra pregunta: si la desclasificación de los documentos la dirigió Presidencia del Gobierno, por qué ahora, tras haber contribuido a desprestigiar la imagen del Rey emérito en 2020 y facilitar su desaucio, de repente a Bolaños y Montero les resulta irrelevante que regrese o no. Por qué, con un ejército de mil asesores, se presentan documentos que elevan a sabiendas su figura y se mantiene esta postura ambigua. Ni siquiera, como dijo su portavoz, Elma Saiz, estos documentos han buscado contraer –según el Gobierno– que canten el Cara al Sol los jóvenes, porque no se ha publicado nada oscuro que les incite. Sin duda, detrás de esta pantomima hay un poso de suburbio que no termina de encajar.
No es menor que la oposición etiquete la desclasificación de documentos del 23‑F como una cortina de humo. Cuando la política se convierte en distracción frente a problemas reales —como la desafección institucional, la percepción de impunidad, vivienda, llegar a fin de mes o desgaste social— algo no funciona, señor Sánchez.
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