El cártel del Estado: El botín de Plus Ultra y la caída de la ‘Boutique’ de Zapatero

«Cuando el saqueo se convierte en un medio de vida para un grupo de hombres en una sociedad, con el tiempo crean un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica.» — Frédéric Bastiat.

Querido lector, la noticia ha estallado y, con ella, el enésimo mito de la superioridad moral del socialismo.

El Juzgado Central de Instrucción ha emitido un auto con fecha 18 de mayo de 2026 que cita a declarar el próximo 2 de junio, en calidad de investigado, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, integración en organización criminal y falsedad documental.

El mismo día del auto, agentes de la UDEF registraron su despacho de la calle Ferraz —frente a la sede del PSOE— y las oficinas de la empresa de sus hijas. Y salieron cajas, muchas cajas…

Pero el auto judicial es sólo la punta del iceberg. Los informes complementarios de la UDEF que han trascendido estos días —en particular el informe 1907/26 de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, fechado el 22 de abril de 2026— van mucho más allá de la resolución inicial.

Sitúan a Zapatero en la cúspide de la estructura con un «liderazgo no visible» y aportan un elemento especialmente devastador: un mensaje de WhatsApp del 31 de julio de 2021, enviado a las 18:36 horas desde el teléfono del expresidente al contacto registrado como «Z» en la agenda de su lugarteniente Julio Martínez Martínez, identificado por la UDEF como el propio Zapatero.

El mensaje, de una concisión y una elocuencia que ningún fiscal habría podido inventar, dice así: «En tiempo y en forma. Exitosa gestión…» Lo enviaba para celebrar que su red de contactos había conseguido desbloquear permisos de vuelo entre Madrid y Caracas para Plus Ultra ante las autoridades venezolanas. No es una estructura abstracta dibujada por policías con imaginación.

Hay rastro documental de un expresidente de España felicitando a sus intermediarios por una gestión concreta ante una administración extranjera en beneficio de una aerolínea que meses antes había recibido 53 millones de euros del erario público. Guárdese bien esa frase: «En tiempo y en forma. Exitosa gestión.» Es el resumen más honesto que jamás ha hecho Zapatero de su propia carrera política.

No estamos ante un simple desliz administrativo. Estamos ante la anatomía perfecta de cómo funciona realmente el Estado: una maquinaria de expolio donde el dinero extraído coactivamente a los contribuyentes termina en los bolsillos de la élite política y sus empresarios de cámara.

La corrupción no es una anomalía del sistema estatal; es su consecuencia lógica y natural. Cuando creas un monopolio de la fuerza con el poder arbitrario de repartir miles de millones de euros, el resultado inevitable es el saqueo organizado.

Y esto es exactamente lo que detalla la investigación judicial sobre el infame rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI a la aerolínea Plus Ultra.

Retrocedamos al origen. Bajo la excusa de la crisis del Covid-19, el Gobierno creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Plus Ultra, una aerolínea con una cuota de mercado inferior al 1% que ya arrastraba graves problemas financieros, no cumplía los requisitos.

Llegó incluso a presentar certificados de estar al corriente con la Seguridad Social que contravenían directamente la información de la propia Tesorería General.

Sin embargo, obtuvo el rescate. Pero la historia de Plus Ultra no empieza en la pandemia. La aerolínea ya había sido objeto de investigación previa en un juzgado de Madrid, donde una denuncia señalaba una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, dedicada al blanqueo de fondos de origen ilícito.

Aquella causa fue archivada en enero de 2023 al considerar la juez que los imputados «carecían de capacidad de decisión». Una decisión que hoy, a la luz de los nuevos hechos, adquiere una dimensión muy diferente. El libre mercado nunca rescató a Plus Ultra. Lo rescató la política. Y la política, como siempre, tenía precio.

Para entender el fondo del caso hay que mirar hacia Venezuela. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los fondos blanqueados a través del rescate de Plus Ultra proceden de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos venezolanos, canalizados a través de programas gubernamentales de distribución de alimentos subsidiados y de ventas de oro del Banco Central de Venezuela.

No es casualidad que Zapatero haya sido, durante años, el principal interlocutor europeo del régimen chavista. Sus viajes a Caracas, su papel como mediador en supuestas negociaciones políticas, su cercanía pública con figuras del entorno de Maduro… todo ello adquiere ahora una dimensión radicalmente distinta.

Y los informes de la UDEF detallan esa dimensión con una precisión demoledora. La investigación documenta que existían dos vías paralelas para conseguir el rescate y los beneficios operativos de la aerolínea: una «vía Ábalos» —en referencia al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos— y una «vía Zapatero».

Según el juez, fue esta última la que dio frutos. La trama no se limitaba al rescate de 53 millones: operaba también como puerta trasera ante las autoridades de Caracas para garantizar que Plus Ultra pudiera volar.

Un mes antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate, en febrero de 2021, la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez —la misma Delcy del célebre episodio nocturno en Barajas con Ábalos— autorizó directamente a Plus Ultra seis vuelos regulares entre Madrid y Caracas sin necesidad de nota diplomática de la embajada española.

La orden de la número dos de Maduro fue diáfana: «Que Plus Ultra los pida directamente al INAC y diga que están autorizados por Vicepresidencia.» La rapidez de la gestión sorprendió a los propios directivos de la aerolínea. «La mano del tocayo parece larga», comentó uno de ellos en mensajes intervenidos. «Power», respondió el otro.

«Su eminencia me responde: Misión cumplida», escribió el presidente de la compañía. Luego, el 29 de enero de 2021, en otra conversación entre directivos, uno de ellos informó al presidente de la compañía de que el mismísimo Zapatero iba a intervenir para que les concedieran el rescate.

El pacificador desinteresado que se presentaba ante el mundo como garante de la democracia venezolana resultaba ser, al mismo tiempo, el que marcaba los vuelos y conseguía los permisos.

La imagen más brutal de toda la investigación no la aporta ningún informe pericial. La aporta un papel manuscrito encontrado en el domicilio del propio Julio Martínez durante su registro. Es un papel con membrete de un hotel de Caracas llamado Cayecas.

Y en él, alguien de la trama había escrito, como si fuera la cosa más natural del mundo: «Jajajaja a limpiar. Zapatero aquí manda.» Cuando unos empresarios que están obteniendo un rescate público de 53 millones de euros de manos del Estado escriben, con esa carcajada entre paréntesis, que «Zapatero aquí manda», no están haciendo literatura.

Están describiendo, con la brutalidad de la confianza que da la impunidad, el mecanismo exacto del saqueo. El hombre que hoy niega haberlo gestionado era el que «mandaba» en los papeles de sus propios socios.

El hombre que se presentaba ante el mundo como pacificador desinteresado resulta que tenía, presuntamente, intereses muy concretos que proteger. Venezuela no era para Zapatero una causa humanitaria. Era, al parecer, un negocio.

El auto judicial es demoledor. Zapatero no operaba solo: presuntamente lideraba una estructura organizada y jerarquizada. Utilizando a su lugarteniente Julio Martínez Martínez como figura visible, montaron lo que ellos mismos llamaban una «finance boutique».

El mecanismo era burdo pero efectivo: Plus Ultra firmaba contratos de «asesoramiento» completamente simulados con empresas controladas por la trama, como Análisis Relevante SL. Por ejemplo, se firmó un contrato por 72.600 euros para redactar supuestos informes sobre la «situación política y económica».

Era simple cobertura documental para blanquear el pago de favores políticos. Según la investigación, Plus Ultra canalizó directamente 598.910 euros hacia el entorno societario de Martínez.

El expolio no se detuvo en las fronteras españolas. El juez detalla la creación de una sociedad offshore en la zona franca de Dubái (Landside Dubai Fzco) para recibir el pago del 1% del rescate público —unos 530.000 euros— pactado a través de otra sociedad de la trama, Idella Consulenza Strategica. El contribuyente español pagando impuestos para financiar estructuras en paraísos fiscales. El Estado en estado puro.

Lo más revelador es comprobar quiénes son los beneficiarios finales. El juez señala directamente a Whathefav SL, sociedad administrada por las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, que actuaba como sociedad finalista recibiendo y redistribuyendo fondos. Las cifras del auto inicial ya eran significativas, pero los nuevos informes de la UDEF las convierten en algo cualitativamente distinto.

Análisis Relevante habría transferido cerca de 1,52 millones de euros directamente al expresidente y más de 423.000 euros a la empresa de sus hijas entre 2020 y 2025. Y el cuadro completo del flujo económico es aún más revelador: la UDEF cifra en 4.079.799,04 euros —al céntimo, con esa precisión contable que es en sí misma un alegato— el total de ingresos atribuidos a Zapatero, Whathefav y su entorno familiar durante ese mismo período. Cuatro millones. Para que no haya dudas sobre la escala del presunto expolio.

Como telón de fondo adicional, la investigación revela que Inteligencia Prospectiva —una empresa controlada por ciudadanos venezolanos que apenas registraba ingresos propios— movió 2,66 millones de euros entre 2020 y 2025, de los cuales transfirió 561.440 euros directamente a Whathefav.

La empresa de las hijas de un expresidente del Gobierno, que facturaba 155.791 euros en 2020, cuadruplicó su facturación hasta los 471.810 euros en 2024.

El juez considera que pudo haber ingresado hasta un millón de euros de la red. Los agentes de la UDEF también registraron las oficinas de Whathefav. Para la historia y para la infamia.

No olvidemos que el hombre que hoy consta como investigado en la Audiencia Nacional era hasta ayer el principal consejero informal del actual presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez ha pedido hoy defender el «buen nombre» de Zapatero. Conviene preguntarse qué consejos exactamente le daba, y si alguno de ellos tenía que ver con aerolíneas venezolanas, fondos públicos o boutiques financieras en Dubái.

Zapatero ya ha reaccionado públicamente. Ha negado cualquier irregularidad y ha asegurado que nunca tuvo sociedades fuera de España ni realizó gestiones de ningún tipo para el rescate.

El problema es que los informes de la UDEF tienen mensajes de WhatsApp, documentos manuscritos en hoteles de Caracas, transferencias al céntimo y un mapa de flujos financieros que dice exactamente lo contrario. El PSOE, por su parte, se refugia en la presunción de inocencia y mantiene el apoyo público a su expresidente, aunque algunos de sus dirigentes reconocen en privado que las cifras y los mensajes «no les cuadran».

Mientras el partido de Gobierno cierra filas, Ciudadanos se ha personado como acusación popular en la causa, dispuesto a llegar hasta el final. El expresidente que ayer era el principal consejero informal de Pedro Sánchez hoy es investigado en la Audiencia Nacional por cuatro delitos graves. La boutique ha cerrado. Lo que queda abierto es el juzgado.

Pero Zapatero no es un caso aislado dentro del ecosistema sanchista; es el último eslabón de una cadena que ya conocemos bien.

Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias en los casos Globalia, Complutense y Barrabés. David Sánchez, hermano del presidente, ante los tribunales por un cargo público presuntamente creado a su medida en la Diputación de Badajoz.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, señalado por la UCO por gestionar comisiones ilegales de hasta 650.000 euros en adjudicaciones de obra pública.

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, con auto de procedimiento abreviado por filtrar información confidencial sobre la oposición. Y ahora Zapatero, el gran maestro de ceremonias, imputado en la Audiencia Nacional. ¿Manzanas podridas? No. Es el cesto.

Las consecuencias legales para el exlíder socialista son graves: tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal, falsedad documental. Cuatro delitos y una sola conclusión: el poder sin límites corrompe sin límites.

En mi libro lo dejó claro: la planificación centralizada no sólo es económicamente ineficiente, es moralmente corruptora. Cuando el Estado decide quién sobrevive y quién quiebra, quién recibe los 53 millones y quién no, inevitablemente convierte ese poder en moneda de cambio.

No porque los políticos sean necesariamente perversos por naturaleza, sino porque el sistema de incentivos los empuja inexorablemente hacia ahí. El poder arbitrario de redistribuir riqueza ajena es, en sí mismo, el germen de la corrupción. Siempre. Sin excepción.

Y si alguien aún dudaba de ello, que recuerde el mensaje. «En tiempo y en forma. Exitosa gestión.» Lo escribió un expresidente de España para celebrar que sus contactos en el régimen de Maduro habían desbloqueado permisos de vuelo para una aerolínea que el Gobierno de su sucesor había rescatado con el dinero de los contribuyentes.

Cuando un expresidente felicita por WhatsApp a su intermediario por gestiones «al más alto nivel» ante autoridades venezolanas en beneficio de una aerolínea rescatada con dinero público, ya no estamos hablando de teoría política ni de modelos económicos abstractos.

Estamos hablando del sistema funcionando exactamente como estaba diseñado para funcionar. Del incentivo perverso del poder discrecional llevado a su conclusión natural.

La solución no es poner políticos «más honestos» a gestionar el monopolio de la coacción. La historia demuestra que no existen.

La solución es reducir drásticamente el tamaño del Estado, eliminar los fondos discrecionales de rescate, privatizar las empresas públicas que se convierten en botín electoral y devolver al ciudadano el control sobre su propio dinero.

Mientras el Estado tenga el poder de repartir 53 millones entre sus amigos, siempre habrá una boutique esperando su comisión. Y mientras haya una boutique, habrá una Venezuela al otro lado del hilo, y un expresidente que escribe «exitosa gestión» cuando el teléfono de Caracas da señal.

Hoy hay un expresidente investigado en la Audiencia Nacional por liderar presuntamente una estructura que usó el dinero de los contribuyentes para blanquear fondos, cobrar comisiones y extender su influencia entre Madrid y Caracas durante cinco años.

Mañana seguirá habiendo políticos con poder para decidir quién recibe 53 millones y quién no. Mientras ese poder exista, siempre habrá una boutique financiera esperando su comisión, un hotel en Caracas donde apuntar en papel con membrete quién manda de verdad, y un expresidente al teléfono celebrando que todo ha salido «en tiempo y en forma». La solución no pasa por encontrar políticos más honestos. Pasa por quitarles la capacidad de hacer esto.

Gisela Turazzini es economista, ingeniera financiera, fundadora de Blackbird Bank y autora de ¡Soy Anarcocapitalista!