Ni en Caracas: Podemos plantea la expropiación forzosa de viviendas
Podemos lleva en su programa marco para las elecciones autonómicas y municipales del 28-M la expropiación forzosa de viviendas en caso de «urgencia y necesidad». O sea, que cualquier propietario podría sufrir en sus carnes el asalto a su propiedad. El Estado tan sólo tendría que justificar que esa vivienda en concreto cumpliría un fin social. Los morados no se andan por las ramas y apuestan por la expropiación encubierta, o no tan encubierta, porque proponen que la Administración fije por ella un precio y la adquiera de forma automática si está inhabitada durante más de cuatro años, si bien, especifica que siempre que se trate de propiedades de entidades bancarias y de fondos buitre. Podemos no concreta si los pequeños propietario también entran en este paquete, pero, visto lo visto, conviene ponerse en lo peor.
Asimismo, pretende imponer el «derecho de tanteo y retracto o su ampliación a mayores supuestos para que las Administraciones Públicas puedan comprar de forma prioritaria cualquier vivienda» que se ponga a la venta «por parte de grandes tenedores». Esto es sólo un aperitivo, porque van mucho más lejos y Podemos pretende crear un impuesto para las viviendas vacías de los grandes propietarios -a partir de cinco inmuebles-, además de impulsar un impuesto al flipping. «Cuando una vivienda se venda antes de que hayan transcurrido dos años desde su adquisición, a menos que exista una razón de fuerza mayor para la venta, se cargará al vendedor un impuesto igual al 20% del precio de compraventa».
En el colmo del delirio, los podemitas incluyen entre sus propuestas la tipificación del «acoso inmobiliario», como el hecho de que el propietario de una vivienda intente echar al okupa. La izquierda radical define como acoso inmobiliario «toda acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarla en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generando un entorno material, social, personal o familiar hostil o humillante; especialmente si dicha acción u omisión se realiza con objeto de forzar a la persona ocupante a desalojar la vivienda o a adoptar cualquier otra decisión no deseada». O sea, que los delincuentes que entren ilegalmente en una vivienda tendrán más derechos que los legítimos propietarios de las mismas, que podrán ser acusados de acoso. Ni en Caracas.
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