Opinión

Más recortes de prensa

  • Pedro Corral
  • Escritor, investigador de la Guerra Civil y periodista. Ex asesor de asuntos culturales en el gabinete de presidencia durante la última legislatura de José María Aznar. Actual diputado en la Asamblea de Madrid. Escribo sobre política y cultura.

Hemos celebrado los cuarenta años del final de carrera de nuestra clase en Periodismo, en la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. En estos encuentros, como si fuera ayer, como si no hubiera pasado el tiempo desde nuestra licenciatura, se celebra lo vivido juntos, también lo que cada cual ha hecho de su vida, para reconocernos unos a otros en la superación de los embates, en las cicatrices, en las metas conseguidas, en las ausencias que reviven en el recuerdo.

Las anécdotas de aquellos cursos se entrelazan como hilos de diferentes madejas para formar un tejido común que nos arropa de la fría conciencia de todos los tiempos perdidos. Hay nombres de maestros que se esculpen para siempre en nuestras memorias con el cincel de la gratitud, de la admiración y el afecto: Carlos Seco Serrano, Pilar Palomo, Pedro Sorela, Ángel Benito, Manuel Martín Serrano, Alberto Gil Novales, José Luis Martínez Albertos, Bernardo Díaz Nosty, Jorge Lozano, Felipe Sahagún…

De entre todos ellos, quiero recordar especialmente a José Altabella, nuestro viejo profesor de historia del periodismo, cuyo nombre me impactó descubrir en la hemeroteca mientras me documentaba para mi último libro, Cómicos en guerra. Resulta que Altabella, él mismo historiador de nuestro periodismo, fue el autor de una entrevista al payaso Ramper, publicada en Blanco y Negro en 1938, en mitad de la Guerra Civil.

Ramper le desmentía a Altabella que hubiera contado chistes contra el Gobierno frentepopulista en sus actuaciones en los teatros de Madrid, que seguían abiertos bajo el plomo y la metralla. En concreto, se había difundido que Ramper salía al escenario con un saco contando que no tenía que comer y se había ido a la carpintería de un amigo a coger serrín para venderlo por las calles a la voz de «¡Serrín de Madrid!», «¡Serrín de Madrid!», en alusión a la posible conquista de la capital por los sublevados.

Pero vuelvo a nuestra despedida en 1986 de los muros de hormigón de aquella Facultad de Ciencias de la Información que tenía algo de buque, pues todo en derredor se divisaba desde las cristaleras de las aulas como desde una cabina de mando.

No me equivocaría si dijera que no ha habido un periódico, revista, agencia, gabinete de prensa, emisora de radio o cadena de televisión importante en España que no haya contado con la labor de alguno de los antiguos alumnos de la 503, la primera aula que ocupamos en nuestro paso por la Facultad.

Tampoco erraría si afirmara que todos y cada uno de nosotros elegimos esta vocación con un alto sentido del compromiso que comportaba el periodismo en una sociedad libre y democrática como uno de los contrapesos del poder político. Para quienes sabemos lo que es estar en los dos lados de la barrera, no puede ser más aleccionadora la máxima atribuida dudosamente a George Orwell, según la cual una noticia es aquello que alguien no quiere que se publique. Los mejores políticos y los mejores periodistas son los que tienen paredes de cristal en su conciencia.

En estos días de atronadores titulares sobre la corrupción, se está viendo la inmensa responsabilidad de los informadores y formadores de la opinión pública. No voy a entrar en los casos concretos que estamos conociendo de José Luis Rodríguez Zapatero, pues imagino que el lector los sabe de sobra pese a su intrincada espesura, como corresponde a negocios supuestamente ilegales de daño a la hacienda pública, tráfico de influencias y otros menesteres criminales.

Me refiero a la reiterada operación de descrédito a la labor de la prensa que ha vuelto a ponerse en marcha en esta ocasión, y, sobre todo, a la expresión utilizada como ariete simbólico de dicha operación contra los periodistas y las cabeceras que han venido revelando cuanto acontecía en torno al caso que nos ocupa.

Se trata de la despectiva alusión, mil veces repetida por representantes políticos y medios gubernamentales, a los «recortes de prensa» como forma de deslegitimar cualquier información sobre los casos de corrupción que se instruyen contra el Gobierno y sus satélites.

No se distingue si esos «recortes de prensa» son verdades o mentiras: se deslegitiman por el solo hecho de ser piezas de información servidas por los medios de comunicación. Es imposible mayor desprecio a la labor de los periodistas que ese genérico y abstracto «recortes de prensa», como si lo delictivo, ilegal y punible fuera informar de la corrupción y no la propia corrupción.

Su utilización forma parte del blindaje de impunidad que desde los propios estamentos oficiales intenta establecerse frente a quien investiga las doradas cloacas de los gobernantes, alicatadas con el dinero de los contribuyentes. Por eso es tan grave que la especie se difunda desde los propios medios de comunicación costeados con los impuestos de los ciudadanos. Los españoles pagamos tres veces por la corrupción: por la malversación, por su enmascaramiento y por los efectos demoledores en la imagen de España en el exterior.

La última ocasión que hemos escuchado a bombo y platillo esta descalificación contra la prensa independiente ha sido en el programa Mañaneros 360, que presenta Javier Ruiz, al afirmar el martes de la semana pasada que la de Rodríguez Zapatero es «una acusación con recortes de prensa». Lo cual es además un bulo colosal, pues la instrucción del caso se origina en la investigación de una red internacional de blanqueo de capitales por la Fiscalía Anticorrupción con la colaboración de Estados Unidos, Francia y Suiza.

El Consejo de Informativos de TVE ha abierto una nueva causa contra el programa de Javier Ruiz, la segunda, por falta de rigor incompatible con los estándares exigidos a una televisión pública… y con los estándares, añado yo, de cualquier información que se precie de veraz y objetiva.

Pero es mucho más que eso. Es una fórmula inaceptable para desacreditar el papel de los medios de comunicación en su democrática labor de control de cualquier tipo de poder y de denuncia de sus abusos y arbitrariedades.

«Recortes de prensa» fueron el Yo acuso de Émile Zola por el caso Dreyfus, como lo fueron las piezas que Bob Woodward y Carl Bernstein fueron publicando en The Washington Post hasta provocar la dimisión del presidente Richard Nixon por el Watergate. O como lo serían también las informaciones de Ricardo Arques que revelaron en Diario 16 el caso Gal.

Hace ya más de un año que reclamé desde esta misma columna una posición más activa de las asociaciones de la prensa ante esta campaña antidemocrática contra la libertad de información, más grave aún por sostenerse desde medios públicos que pagamos todos los españoles.

La descalificación del periodismo con esta fórmula lamentable de los «recortes de prensa» es una puerta de entrada a los viejos modos totalitarios que consisten en desprestigiar primero, luego culpabilizar y después silenciar.

Desafortunadamente, ya hemos visto estos modos con la censura contra determinados informadores en el Congreso de los Diputados, expulsados, no por sus formas discutibles, sino por ser incómodos al relato oficial, ya que si fueran periodistas con comportamientos discutibles pero adictos al Gobierno, no se les habría censurado.

La experiencia ha demostrado siempre que, si no se pone freno a las pulsiones liberticidas contra la prensa, estas terminan arrollando también a los que ahora callan ante estos atropellos y no digamos a quienes los aplauden.