Una ley propia de una dictadura

La Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno socialcomunista es un salvoconducto para que el Ejecutivo pueda hacer y deshacer a su antojo sin rendir cuentas. Con la excusa del «interés para la seguridad nacional», Pedro Sánchez podrá vetar el acceso de los ciudadanos a la información pública. Hasta ahora, la Ley de Transparencia tan sólo se indica que «el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional». Pero la nueva norma blinda al jefe del Ejecutivo, porque cualquier documento que ataña a Pedro Sánchez podrá ser vetado. Un ejemplo: los viajes privados de Sánchez, quién viaja a bordo de los aviones oficiales a costa del erario público, o a quién invita el presidente en los palacios de La Mareta o Doñana.

Pero lo más grave, sin duda, es que la nueva ley confiere plenos poderes al presidente del Gobierno para declarar, mediante real decreto, una situación de interés nacional sin pasar por el Consejo de Seguridad Nacional ni por el Congreso de los Diputados. Cómo será que la ley  determina que «en los casos de situación de interés para la Seguridad Nacional, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan». El colmo es que se «podrá proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades». En suma, quedan triturados derechos fundamentales.

En suma: la llaman Ley de Seguridad Nacional, pero en realidad es el instrumento que permitirá a Sánchez arrogarse plenos poderes, al modo y manera que la Ley de Seguridad Nacional (el nombre es idéntico) de Venezuela confiere a Nicolás Maduro mano libre para imponer su voluntad. Otro golpe a la democracia.