La ley pro okupas supone una incautación de la propiedad privada
No hay un país en el mundo donde apropiarse de la vivienda del prójimo sea más rentable que en España. Ser okupa es un chollo que encuentra amparo en las medidas del Gobierno, que este miércoles someterá a la convalidación del Congreso de los Diputados el Real Decreto, aprobado el pasado diciembre, de medidas «anticrisis» que, entre otras, prolonga la prohibición de desahuciar a personas «vulnerables» y a okupas durante todo 2024.
Lo surrealista es que las medidas iniciales fueron aprobadas en plena pandemia, en 2020, cuando se impuso a los propietarios la prohibición de recuperar su vivienda en caso de impago del alquiler por parte de sus inquilinos o, directamente, en el caso de okupaciones. ¿Y qué motivo hay ahora para continuar con esa prohibición?, se preguntarán ustedes. Pues ninguno, pero Sánchez se ha inventado que las consecuencias económicas de entonces y la posterior guerra de Ucrania hacen necesario seguir protegiendo a los okupas, que es tanto como seguir expropiando a los legítimos propietarios de las viviendas. Otro año destrozando la economía de muchas familias que alquilaban sus pisos para ganarse un sobresueldo. El Gobierno lo justifica con el argumento de que «es necesario atender a la realidad social y económica de los hogares en el contexto del proceso de mitigación de la dinámica inflacionista y de la prolongación de las consecuencias de la situación internacional, extendiendo determinadas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda».
En lugar de promover viviendas sociales -¿se acuerdan cuando en vísperas de las elecciones de mayo Sánchez se comprometió a construir miles de viviendas de un plumazo?- hace recaer su incompetencia sobre los hombros de miles de propietarios a los que, literalmente, se les intervienen sus casas. La protección social en materia de vivienda es obligación del Gobierno y lo que está haciendo es toda una incautación encubierta de la propiedad privada. Ni más ni menos.
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