La desproporción del IVA eléctrico

La factura de la luz es un terreno abonado por mitos y leyendas entre la población española. No obstante, y en honor a la síntesis, dos conclusiones destacan por encima de cualquier hipótesis: el Estado se lleva la mayor parte de lo que pagamos y no entendemos exactamente lo que estamos pagando.

Así lo demuestran los datos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) según los cuales siete de cada 10 hogares no comprende realmente cómo se calcula una factura eléctrica que se distribuye entre una amalgama de gravámenes establecidos por el Estado para financiar la política energética, estrujar su bolsillo y, sobre todo, intervenir hasta el paroxismo un mercado fundamental para la sociedad de un país.

Si consideramos que cada hogar ha pagado una media de 56,3 euros mensuales en la primera mitad del año, usted debe saber que de esa cantidad tan sólo 23,65 van a parar a las eléctricas, incluyendo el consumo y el alquiler del contador, mientras que 32,5 se los queda el Estado, un 58% del total. Un Estado que es responsable directo de más del 73% de la subida de la luz que se ha dado en España desde 2008 cuando, a pesar de los fútiles brotes verdes de Zapatero, el país comenzaba a vararse en el cenagal de la crisis.

El coste de la luz vertebra y condiciona el día a día tanto de familias como de empresas y para que ambos ámbitos puedan respirar sin asfixias el aire de recuperación que se está levantando en el país, el Gobierno debe bajar su IVA del 21 al 4% y considerarlo un bien de primera necesidad.

Una bajada esencial para la recuperación de la economía doméstica, básico para los emprendedores y fundamental para las empresas. En definitiva, clave para la dinámica de un nación que pide consumo a gritos para acabar de cimentar su mejoría de un modo sólido. Algo que sólo sucederá cuando el mero hecho de pulsar un interruptor deje de entrañar un problema.