Incitación al odio y a la violencia

No hay nada tan universal y contagioso como la estupidez. No obstante, llegados a cierto punto de radicalidad, según qué fatuidades van más allá de su inherente frivolidad y adquieren un cariz que puede acarrear peligrosas consecuencias. El ‘Tramabús’ de Podemos es mucho más que la última jaimitada de sus dirigentes. Supone una clara incitación al odio y a la violencia, delitos tipificados en el artículo 510 del Código Penal. Para encontrar un clima tan crispado como el que vive la política española en estos momentos hay que retrotraerse a principios de los años 30 del siglo pasado. Los impulsores patrios del populismo chavista no reparan en medios a la hora de poner en el centro de la diana pública a todo aquel que ose ir contra sus postulados, aunque ello suponga un claro riesgo para la integridad física de personas que, como en el caso del director de OKDIARIO, Eduardo Inda, sólo hacen un uso libre y con arreglo a la ley de la libertad de expresión. 

Esta moda podemita de señalar y perseguir a los «opositores» —casi como si nuestra sociedad fuera un remedo de la Venezuela bolivariana— supone un intento de coartar la libertad de las personas, justo lo contrario de lo que debería ser la esencia democrática. Convertidos por ellos mismos en casta gracias a las actuaciones del «macho alfa» Pablo Iglesias, del sinvergüenza fiscal Juan Carlos Monedero o del inmobiliario Ramón Espiblack —de cuyo padre, defraudador en Bankia, no se dice nada en el autobús del odio— ahora utilizan la palabra «trama» para definir a los poderes que, según ellos, dominan España. Un esperpento a modo de indigencia intelectual donde meten en la misma categoría a personas sin condena como Eduardo Inda, Mariano Rajoy, José María Aznar o Felipe González junto a imputados como Jordi Pujol o Luis Bárcenas. Precisamente, fue Inda el que destapó los casos de corrupción del clan Pujol o el célebre ‘sms’ de Rajoy a Bárcenas. Por lo tanto, toda esta camapaña es una idea disparatada e irresponsable —por el evidente peligro físico y el perjuicio moral que supone para los señalados— que sale de unos políticos que representan a los ciudadanos en el Congreso y que, no lo olvidemos, cobran del dinero que aportan todos los españoles. Esto no puede seguir así. Se hace absolutamente imprescindible que la Fiscalía tome cartas en el asunto. De lo contrario, estos advenedizos acabarán con la paz social.