Imputado, pero menos

Cuando cualquier ciudadano es sorprendido vulnerando la Ley, todo el peso de la Justicia cae sobre él. No merece un trato distinto el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, quien ha intentado poner en jaque al Estado de Derecho y destruir nuestra máxima Ley de Leyes, la Constitución que garantiza la igualdad de derechos y la convivencia entre todos los españoles.

Por eso parece incomprensible que la Justicia haya tardado casi once meses en citar a Mas a declarar como imputado por un presunto delito de desobediencia, como impulsor del referéndum ilegal de independencia celebrado el 9 de noviembre de 2014. La Justicia no puede dejar de actuar condicionada por la agenda política, aunque bien es cierto que anunciar su imputación en plena campaña electoral habría convertido a Mas en un mártir y habría multiplicado los votos a su candidatura.

Cuando el Tribunal Constitucional prohibió expresamente la celebración del referéndum ilegal del 9N, Artur Mas montó una farsa asegurando que había puesto la organización de la consulta en manos de la «sociedad civil»: se encargó de ello la misma Asamblea Nacional Catalana (ANC) que ahora ha impulsado su candidatura Junts pel Sí.

Pero la Generalitat puso al servicio de esta convocatoria ilegal sus medios públicos: el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) se encargó de realizar el recuento de votos y la Conselleria de Educación dirigida por Irene Rigau presionó a directores de institutos de Secundaria para colocar las urnas en sus instalaciones.

El propio Artur Mas compareció públicamente en la noche del 9N para dar a conocer el resultado del escrutinio, tras haber asumido personalmente la responsabilidad de la consulta ilegal: «Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno», llegó a declarar.

Por todo ello, resulta demasiado benevolente que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) impute a Mas y a sus dos compañeras de gobierno (Joana Ortega e Irene Rigau) tan solo un delito de desobediencia, cuando los hechos revisten claros indicios de los delitos de prevaricación, malversación y usurpación de funciones, tal como sostenía la Fiscalía en su querella.

Parece una burla a los ciudadanos que la actuación de Mas, que reviste tintes golpistas al pretender quebrar la Constitución en su desafío al Estado, solo merezca el reproche de un delito de desobediencia que ni siquiera le supondría la entrada en prisión, al carecer de antecedentes penales.

Pero además la Justicia debería investigar cómo se financió la consulta ilegal, ante la sospecha de que la Generalitat podría haber desviado fuertes sumas de dinero público para llevar a cabo su organización, lo que confirmaría los indicios de un delito de malversación. Basta recordar que la ANC y Òmnium Cultural (compañeras de viaje de Mas en su candidatura Junts pel SÍ) sostienen haber recaudado casi tres millones de euros a través de «donaciones» opacas para llevar a cabo el referéndum.