La hipocresía gobierna Barcelona

La hipocresía gobierna Barcelona. La alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, utiliza los argumentos legales según le convengan. De un lado, defiende a los taxistas frente a Uber y Cabify con razones como que «generan un gran agravio al mundo del taxi, porque estas licencias no cumplen las reglas del juego que cumplen los taxistas». Una opinión legítima que, sin embargo, choca frontalmente con su propio comportamiento cuando se trata de los manteros o de los okupas. La primera edil de la capital de Cataluña machaca el pequeño comercio barcelonés por su permisividad hacia las ventas irregulares por parte de personas que no cumplen esas mismas normativas que esgrime como defensa de los taxistas.

Sin licencias ni permisos, la laxitud de Colau ha provocado que los manteros hagan del Metro de Barcelona un gran mercadillo donde se puede adquirir casi cualquier objeto. El ejemplo más claro está en el metro de Plaza de Cataluña, donde el suburbano parece un zoco más que el acceso a un medio de transporte público. La falta de vigilancia y el descontrol por parte del Ayuntamiento ha provocado algunos enfrentamientos. Incluso agresiones como las del pasado miércoles, cuando uno de los vendedores hirió de gravedad a un ciudadano americano que intentaba proteger a una mujer que estaba discutiendo con dicho vendedor. Tanto pesa este colectivo en la propaganda de cartón piedra de Ada Colau que su equipo ha tardado más de 24 horas en condenar la agresión.

Amén del agravio comparativo al respecto de los comerciantes que pagan sus impuestos, cumplen con las reglas y generan empleo, el descontrol de los manteros y la acumulación de sus productos ha llegado a tal punto que impiden la normal circulación de personas por la vía pública y es ahí donde surgen enfrentamientos como los que han tenido lugar durante esta pasada semana. La hipocresía de Ada Colau es evidente, tanto en este tema como con los okupas, otro ámbito al que privilegia en detrimento de los vecinos que se atienen a las leyes. La alcaldesa recurre a las normas con absoluta arbitrariedad dependiendo de si justifican o no sus defensas con objetivos electoralistas. Si defiende al taxi por cumplir la ley, también debería hacerlo con el pequeño comercio y con los ciudadanos que pagan regularmente sus alquileres. De otro modo, sólo actuará como la casta que tanto critica.