Grosero y falaz ataque al Poder Judicial

Quien ha cargado duramente contra «los operadores judiciales» (jueces, fiscales y letrados) no ha sido sólo un alto dirigente de una formación de izquierdas radical como Podemos, sino un miembro del Gobierno de España, lo que supone un grosero y falaz ataque del Ejecutivo socialcomunista al Poder Judicial. Las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, asegurando que cuando una mujer acude a presentar una denuncia, se le pregunta «si iba vestida con minifalda», van más allá del ataque perpetrado el viernes contra la Policía y la Guardia Civil, porque lo que ha hecho ahora la ministra es hacer extensiva las críticas a la Justicia española.

Que en sede parlamentaria, un miembro del Gobierno de España arremeta de forma tan indigna e injusta contra un poder esencial del Estado revela no sólo el sectarismo ideológico que caracteriza a la formación de ultraizquierda, sino la estrategia de confrontación institucional de la formación de Pablo Iglesias. Es, en suma, la prueba del nueve de que lo que busca Podemos es subvertir el actual modelo constitucional erosionando uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. «La Justicia española -ha dicho- tiene sesgos de género y tiene deficiencias serias a la hora de abordar muchos casos de violencias machistas».

En el colmo de la indecencia política, Irene Montero se ha inventado una teoría según la cual «los propios organismos internacionales nos dicen que es una carencia impropia de un Estado de Derecho, de un Estado democrático, que es algo que dificulta la igualdad». Lo que es una carencia, y sustancial, es que la ministra de Igualdad del Gobierno de España arremeta de forma tan burda y mendaz contra la Justicia española amparándose, además, en informes inventados o descontextualizados.

Después de que sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles hayan instado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a que salga a defender su honor, manchado por las intolerables palabras de su compañera de Gabinete, ahora tienen que ser las asociaciones de jueces y fiscales las que exijan al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez que obligue a  su ministra a una inmediata rectificación. Está en juego no sólo el trabajo profesional de mucha gente, sino el decoro y la dignidad del Estado democrático.