El Gobierno, ciego y mudo ante la huelga ilegal en Cataluña

Por mucho que Quim Torra -cada vez más patético- se esfuerce en trasladar la idea de que los autores de los gravísimos actos de violencia registrados estos días en Cataluña no son independentistas, sino «infiltrados», el nada honorable presidente de la Generalidad de Cataluña no ha convencido a nadie, salvo a un puñado de fanáticos.

En realidad, el problema, siendo grave, no es tanto que un grupo muy nutrido de secesionistas radicales desate la violencia, porque eso de la «gente de paz» hace tiempo que no es más que la expresión falsaria y  grimosa con la que Torra pretende ocultar la realidad, sino que el máximo responsable del Estado en Cataluña sea el instigador intelectual y presuntamente material -perdón por lo de intelectual- de los gravísimos actos de violencia callejera.

Que Torra siga siendo el presidente de Cataluña es una indecencia, una indignidad democrática que sólo se explica por la actitud de ese rentista político que ostenta la presidencia del Gobierno en funciones. Pedro Sánchez sigue echando cuentas para tratar de cuadrar el círculo. ¿Intervenir o no intervenir la Generalidad de Cataluña? El jefe del Ejecutivo deshoja la margarita pensando en qué le será de mayor utilidad, si aplicar la Ley de Seguridad Nacional, el artículo 155 de la Constitución o seguir apelando a la moderación y la proporcionalidad para no hacer nada.

La huelga general ilegal que han montado Torra y sus brazos violentos es la demostración de que en Cataluña el ordenamiento jurídico es una quimera, un mero trampantojo. La huelga general es manifiestamente ilegal porque se sustenta en motivaciones políticas ajenas al interés profesional de los trabajadores, tal como queda meridianamente claro en el Real Decreto sobre Relaciones Laborales de 1977. Pero la Generalidad dio su consentimiento por la sencilla razón de que la ha convocado ella a través de dos sindicatos independentistas.

La pregunta es hasta cuándo el Estado tendrá que seguir derrochando dignidad y paciencia. Hasta cuándo habrá que esperar a que el Gobierno entienda que la defensa de la unidad nacional no puede depender del interés personal de Pedro Sánchez.