La fragilidad de la economía española

Cada vez que aparece una perturbación internacional, la economía española muestra con rapidez su verdadera fragilidad. Ha ocurrido con la pandemia, con la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania y vuelve a suceder ahora ante nuevas tensiones geopolíticas como la guerra de Irán. En todos los casos, el patrón se repite con inquietante regularidad: la economía solo logra mantenerse a flote mediante más gasto público, más déficit y más deuda.

Esta respuesta puede sostener la actividad durante un tiempo, pero no resuelve los problemas estructurales. Al contrario, los agrava. El crecimiento económico sano surge cuando el tejido productivo es capaz de generar valor añadido, inversión, innovación y empleo productivo. Sin embargo, la economía española lleva años avanzando por una senda distinta: un crecimiento impulsado en gran medida por el sector público y por el aumento de la población, más que por mejoras reales en productividad. El resultado es un modelo frágil.

El intervencionismo creciente ha deteriorado progresivamente la estructura económica. La acumulación de regulaciones, el incremento de la carga fiscal y la proliferación de políticas públicas orientadas a redistribuir antes que a generar riqueza han terminado creando una economía cada vez más dependiente del gasto público. El sector público ha pasado de ser un marco institucional que facilita la actividad económica a convertirse en uno de los principales motores artificiales de crecimiento, pero ese motor funciona con combustible prestado.

España mantiene de forma persistente elevados niveles de déficit público incluso en fases de expansión económica. La deuda pública se sitúa en niveles históricamente altos y limita cada vez más el margen de actuación futuro. Cada nueva perturbación internacional obliga a desplegar nuevos paquetes de gasto para evitar una desaceleración más intensa, lo que a su vez incrementa la dependencia del propio gasto público. Es un círculo vicioso.

Cuando el crecimiento depende en exceso del gasto estatal, la economía pierde dinamismo interno. La inversión privada se retrae, la productividad se estanca y el tejido empresarial se orienta hacia actividades menos expuestas a la competencia internacional, muchas veces vinculadas directa o indirectamente al propio sector público.

En paralelo, se ha consolidado otro fenómeno preocupante: el crecimiento demográfico como sustitutivo del crecimiento económico. España ha experimentado un aumento notable de población en los últimos años. En términos estadísticos, esto contribuye a elevar el PIB agregado, pero no necesariamente mejora la prosperidad individual. De hecho, si el aumento de población no va acompañado de mejoras en capital humano y productividad, el resultado puede ser justo el contrario: menor PIB per cápita. Esto es precisamente lo que está ocurriendo.

Mientras muchos profesionales altamente cualificados encuentran crecientes dificultades para desarrollar su carrera en España —por una carga fiscal elevada, por rigideces regulatorias y por estructuras salariales poco flexibles—, el mercado laboral se está orientando cada vez más hacia la absorción de mano de obra de menor cualificación.

Este fenómeno no es casual. El igualitarismo salarial promovido desde determinados ámbitos políticos reduce los incentivos a pagar en función de la productividad individual. Cuando la estructura salarial se comprime artificialmente, las empresas encuentran menos atractivo retener talento altamente cualificado y se inclinan hacia modelos productivos más intensivos en trabajo poco cualificado.

A largo plazo, esto tiene consecuencias profundas. Una economía que expulsa talento y atrae principalmente mano de obra de baja cualificación tiende a especializarse en actividades de menor valor añadido que difícilmente impulsan saltos significativos en productividad. El resultado es una economía que crece en volumen, pero no en calidad.

El crecimiento basado en población y gasto público puede sostener ciertas cifras macroeconómicas en el corto plazo, pero no construye prosperidad duradera. Sin productividad, sin inversión en sectores de alto valor añadido y sin incentivos para atraer y retener talento, el crecimiento se vuelve cada vez más dependiente de estímulos artificiales. De ahí la fragilidad actual.

Cada crisis externa revela hasta qué punto la economía española carece de amortiguadores propios. Ante cualquier shock internacional, la única respuesta disponible parece ser ampliar el gasto público. Sin embargo, ese recurso tiene límites claros: el endeudamiento acumulado reduce cada vez más el margen para repetir indefinidamente la misma estrategia.

La verdadera fortaleza económica no se construye mediante subsidios permanentes ni mediante expansiones fiscales continuas. Se construye mediante instituciones estables, mercados competitivos, seguridad jurídica y un entorno que favorezca la inversión, la innovación y la acumulación de capital humano. España necesita precisamente eso: reformas estructurales profundas.

Reformas que reduzcan las distorsiones regulatorias, que incentiven la productividad, que permitan estructuras salariales vinculadas al valor generado y que devuelvan protagonismo al tejido productivo privado. Solo así podrá construirse un modelo económico capaz de sostenerse por sí mismo, sin depender constantemente del respaldo del gasto público.

Mientras eso no ocurra, la economía española seguirá mostrando el mismo síntoma cada vez que soplen vientos adversos: una aparente resistencia en el corto plazo financiada con deuda, pero una creciente debilidad estructural bajo la superficie. Y una economía que vive permanentemente apoyada en el gasto público no es una economía fuerte. Es, simplemente, una economía sostenida artificialmente.