El fiscal y el juez han hecho lo que tenían que hacer

Tanta razón ha tenido Julián Sánchez Melgar para solicitar que se active la euroorden contra el fugado Carles Puigdemont como Pablo Llarena a la hora de no ejecutarla. Pocas veces, hacer una cosa y la contraria tiene tanto sentido al mismo tiempo. Y pocas veces, posturas que en principio parecen alejadas poseen tanta relación entre sí. El fiscal general del Estado, Sánchez Melgar, ha cumplido con su deber al señalar a Puigdemont como lo que es: un delincuente que debe ser trasladado a España para que sea juzgado por su máxima implicación en el golpe de Estado de los independentistas catalanes. No obstante, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no podía aplicarla. Su postura, además de comprensiva, es coherente.

En primer lugar, porque podría haber incurrido en un fraude de ley si la hubiera activado durante su estancia en Dinamarca tras haberla desactivado cuando estaba en Bélgica. Un error que hubieran alimentado la propaganda falaz de los secesionistas y hubiera sido un pretexto para recrudecer sus ataques contra nuestro Estado de Derecho. Por otra parte, podría haber sido peor el remedio que la enfermedad, ya que de volver a España ahora, una persona como Puigdemont, que siente un profundo desprecio por nuestro sistema democrático, se hubiera presentado a la investidura con casi todas las posibilidades de haber salido president. Además, y quizá es lo más grave, Dinamarca lo habría entregado sólo por el delito de desobediencia —malversación como mucho—, pero nunca por rebelión.

Algo que no justificaría una petición de prisión incondicional en España y que rebajaría mucho la factura pendiente que el exmandatario tiene con la justicia. Todo ello hubiera fortalecido el discurso victimista de los sediciosos y a un coste muy bajo. Alejado, completamente, de los 30 años de cárcel a los que se podría enfrentar por los delitos de rebelión y sedición. Puigdemont dará cuentas ante el Supremo antes que después. Es sólo cuestión de tiempo, ya que no puede pasar toda la vida escondido tras la laxitud legal de Bélgica. Mientras tanto, sus propias acciones lo delatan. El viaje a Dinamarca sólo le ha supuesto el enésimo rechazo por parte de un gobierno europeo.