Felipe VI: la diplomacia de las «condiciones»

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de salud, política sanitaria y análisis de opinión en OKDIARIO.
• • 05/09/2026 05:40
  • Actualizado: 05/09/2026 05:40

Hay preguntas que nacen en los despachos y mueren en los despachos. Y hay otras que nacen en la calle, cruzan una frontera, atraviesan un palacio y terminan golpeando la puerta de la Constitución. En Ceuta hay una de esas preguntas. No tiene demasiada retórica ni necesita un doctorado en Derecho Constitucional para formularla: ¿por qué el Rey de España, Felipe VI, no puede ir con normalidad a una ciudad española cuando esa ciudad atraviesa una de las mayores crisis de su historia reciente?

La pregunta incomoda porque obliga a mirar de frente una paradoja que la diplomacia suele envolver en papel de seda: Ceuta es España. Lo es cuando se paga un impuesto, cuando se iza una bandera, cuando se despliega la Guardia Civil y cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para decir que se ha vulnerado la integridad territorial española, pero luego agradece a Marruecos sus servicios. Pero, llegado el momento de que el jefe de Estado pise la ciudad, aparecen las famosas «condiciones adecuadas».

Las condiciones. Una palabra magnífica. Sirve para casi todo. Para no decir que sí, para no decir que no –a lo gallego (gente maravillosa, por cierto)– y, sobre todo, para ganar tiempo mientras los diplomáticos buscan una fórmula que no provoque a nadie.

Pedro Sánchez ha dicho que existen «argumentos y razones suficientes» para que Felipe VI visite Ceuta y Melilla. Pero será cuando se den las «condiciones adecuadas». Uno escucha eso y, como mínimo, se pregunta: ¿qué condiciones? ¿Seguridad? Naturalmente. ¿Protocolo? Por supuesto. ¿Política exterior? Para nada, es España. Pero, entonces, ¿es una visita del Rey a una ciudad española una operación diplomática de alto riesgo? Ahí empieza el problema. Un diplomático consultado para este análisis lo resume de manera bastante menos solemne: «No le demos demasiadas vueltas. Una cosa es coordinar una visita y otra convertir la coordinación en un poder de veto».

Nadie sensato pretende que Felipe VI aparezca una mañana en Ceuta sin que nadie lo sepa, acompañado de un chófer y un par de escoltas, como quien se acerca a comprar churros. El Rey es el jefe del Estado. Una visita a una ciudad fronteriza, después de una crisis migratoria de semejante magnitud y en un momento especialmente delicado con Marruecos, requiere planificación. Eso es diplomacia. Pero la diplomacia no debería convertirse en una palabra elegante para designar la tutela política y el mando absoluto del gobierno de turno. 

La Constitución es bastante clara sobre qué puede hacer el Rey y qué no. Felipe VI no gobierna. No dirige la inmigración. No ordena a la Guardia Civil. No decide qué hacer con Marruecos. No dispone de los recursos sanitarios ni determina la política fronteriza. Para eso está el Gobierno. El Rey no es un presidente del Gobierno con corona. Ni puede serlo. Pero tampoco es un florero constitucional colocado en Zarzuela para sancionar leyes, recibir embajadores y pronunciar discursos cuidadosamente redactados.

El artículo 56 de la Constitución dice que es jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Y aquí conviene detenerse. Símbolo de la unidad. No parece una función especialmente difícil de comprender. Si una parte del territorio nacional atraviesa una situación excepcional, la presencia del jefe de Estado puede tener un valor que no se mide en competencias administrativas. No arregla una frontera. No resuelve una crisis migratoria. No vacuna a un niño ni instala una tienda de campaña. Pero representa al Estado, a todos los españoles. Y hay momentos en que representar no es una palabra vacía.

Un politólogo me lo explicaba hace unos días de otra manera: «En las democracias parlamentarias, el jefe del Estado tiene precisamente una función de presencia institucional en situaciones en las que el Gobierno no debe confundirse con el conjunto del Estado». Es una distinción importante. Porque Gobierno y Estado no son sinónimos. El Gobierno pasa. El Estado permanece. Los presidentes cambian. Los ministros cambian. Las mayorías parlamentarias cambian. Las políticas cambian. La bandera sigue ahí.

Y es que, en política exterior, los gestos importan tanto como los hechos. Una visita del Rey a Ceuta tiene una dimensión interna, pero también puede ser interpretada por Marruecos como un mensaje político. Correcto. Eso es verdad. Una visita del Rey tiene consecuencias diplomáticas. Pero precisamente por eso hay otra pregunta que debería hacerse: ¿desde cuándo la sensibilidad de otro país determina hasta dónde puede llegar el jefe de Estado español dentro de España?

El artículo 64 establece el refrendo de los actos del Rey y determina quién asume la responsabilidad de esos actos. No dice que el Gobierno sea dueño de la agenda física del Rey dentro del territorio nacional.

Por eso el debate serio no consiste en preguntar si Felipe VI puede desafiar al Gobierno y plantarse mañana en Ceuta. No. La cuestión es bastante más sencilla: ¿puede el Estado organizar una visita del Rey a una ciudad española sin presentar la visita como una concesión política sujeta a unas misteriosas «condiciones adecuadas»? Debería poder. Y quizá debería hacerlo de forma inmediata.