¡Eureka! Yolanda descubre la vivienda

Yolanda Díaz ha descubierto el problema de la vivienda. ¡Eureka!

Que la vivienda vuelve a convertirse en el campo de batalla del Gobierno de Pedro Sánchez, esta vez con un desahucio en el centro de la polémica, es más que evidente. Otra cosa es que la vicepresidenta Yolanda Díaz reclame nuevas medidas para impedir determinados desahucios y haya planteado incluso la expropiación de la vivienda.

Dentro de la incoherencia a la que nos tiene acostumbrados la Sra. Díaz, este fin de semana ha superado todas las expectativas llamando a la «movilización contra el Gobierno», ese del que forma parte desde 2020, como vicepresidenta y ministra de Trabajo, y que lleva años gestionando la política de vivienda en España.

Sin embargo, cada vez que aparece un caso especialmente dramático, la respuesta vuelve a presentarse como si el problema necesitara simplemente una nueva norma.

Yolanda Díaz reclama ahora la aprobación urgente de un nuevo decreto de vivienda después de meses de negociación y lo hace poniendo, una vez más, el foco en la protección de los llamados colectivos vulnerables.

La protección de una persona vulnerable es una obligación de cualquier sociedad avanzada. El problema aparece cuando, para protegerla, el coste de la política pública se traslada sistemáticamente a un particular que no tiene la responsabilidad de resolverla.

Ese es el planteamiento que vuelve a aparecer en el nuevo decreto de vivienda, en el que el Gobierno pretende establecer una prohibición permanente de determinados desahucios cuando no exista una alternativa habitacional.

Sobre el papel, la medida se presenta como protección social, pero, en la práctica, vuelve a colocar al propietario ante una situación en la que debe soportar las consecuencias de un problema que corresponde resolver a las administraciones públicas.

La vivienda de un particular acaba convirtiéndose injustamente en una pieza más de la política social del Estado, lo que provoca un evidente desequilibrio. No todos los propietarios son fondos de inversión ni grandes tenedores. Hay también familias, jubilados, pequeños ahorradores y personas que han comprado una vivienda como forma de complementar sus ingresos o garantizar su futuro.

Para el Gobierno, sin embargo, la categoría de «propietario» parece haberse convertido en una categoría sospechosa, mientras que la de «vulnerable» se utiliza como argumento suficiente para justificar nuevas obligaciones sobre quien tiene una vivienda. El problema es que la vulnerabilidad no desaparece trasladándola a otro ciudadano.

Si una persona no puede pagar un alquiler o se encuentra en riesgo de exclusión residencial, debe existir una respuesta pública. Pero, en ningún caso, resulta razonable que la solución consista en convertir al propietario particular en una especie de servicio social obligatorio.

Más aún cuando España tiene un problema estructural de vivienda que los sucesivos decretos no han conseguido solucionar. El Banco de España ha estimado un déficit acumulado de unas 750.000 viviendas entre 2021 y 2025 respecto a la creación de nuevos hogares. Mientras tanto, los precios continúan aumentando y la emancipación de los jóvenes permanece en niveles históricamente bajos.

El problema, por tanto, no es que España tenga demasiados propietarios, sino que tiene demasiada poca vivienda. Y ahí aparece la segunda contradicción del decreto.

En lugar de poner el foco en aumentar la oferta, el Gobierno vuelve a concentrar buena parte de sus esfuerzos en regular las relaciones entre propietarios e inquilinos, limitar determinados usos de las viviendas y reforzar las restricciones sobre los desahucios.

Ante la desprotección en este tablero de juego, las consecuencias pueden ser inversas a las pretendidas. Si un propietario percibe que alquilar su vivienda implica asumir una incertidumbre creciente sobre la recuperación de la posesión, tendrá más incentivos para buscar otras alternativas. Y si parte de las viviendas potencialmente disponibles para el alquiler no llegan al mercado, la oferta disminuye todavía más.Y con ello, más presión sobre los precios.

Por eso resulta especialmente llamativo que Yolanda Díaz reclame ahora nuevas medidas como si el problema de la vivienda pudiera solucionarse mediante otro decreto, donde, de nuevo, la solución pasa por más protección normativa para el vulnerable y más obligaciones para quien posee la vivienda.

Una política responsable no enfrenta al vulnerable con el propietario, pues ambos son necesarios para que el ecosistema funcione. Tampoco consiste en decidir quién tiene más derecho sobre la vivienda de otro.

Lo que debe hacer un Gobierno serio y competente es establecer los mecanismos para aumentar la oferta, facilitar la construcción, liberar suelo, reducir burocracia y garantizar seguridad jurídica, asumiendo la responsabilidad que le corresponde en lugar de trasladarla progresivamente al ciudadano que tiene una propiedad.

Lo que no puede hacer es utilizar un caso dramático para justificar una política que termina convirtiendo a miles de pequeños propietarios en los pagadores silenciosos de un problema nacional.

Frente a la autoinmolación política de la Sra. Díaz, frente a este modelo, todavía hay partidos que ponen el foco en la defensa de la propiedad privada.

Y luego están los de Abascal, que van un paso más allá al situar en el centro que la vulnerabilidad social «real» debe ser atendida por las administraciones y el propietario no puede convertirse en el responsable de financiar con su patrimonio la política social del Estado.

Soluciones sí, Yolanda. Pero no cargando la factura sobre los españoles que cumplen la ley.