España, un troyano amenazado

La actual tensa situación geopolítica entre dos naciones que son aliadas, en medio del importante conflicto bélico en el que estamos nos guste o no involucrados de facto, pasará a los anales de la historia de la geoeconomía.

Se recogerá en los libros de texto como un nuevo caso de estudio donde un país aliado respetado y serio, España, eligió el peor momento y las peores formas para negar a otro, Estados Unidos, el uso de unas infraestructuras construidas por este último y ahora de uso conjunto según los tratados bilaterales.

El tratado que regula el uso de la base Aérea de Morón de la Frontera y la base Naval de Rota, entre Estados Unidos y España es el Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América.

Fue firmado el 1 de diciembre de 1988 en Madrid, entre los gobiernos de Felipe González y Ronald Reagan. Entró en vigor en 1989 y ha sido enmendado en varias ocasiones (2002, 2012 y 2015) para adaptarlo a despliegues de destructores AEGIS en Rota o de fuerzas de respuesta en Morón, con los principios clave vigentes mediante prórrogas automáticas.

El artículo que hace referencia a la autorización para el uso de las bases, incluyendo el espacio aéreo es el Artículo 2 del Capítulo II del Convenio y establece que España concede a los Estados Unidos de América el uso de las instalaciones de apoyo y otorga autorizaciones de uso en el territorio, mar territorial y espacio aéreo españoles para los objetivos dentro del ámbito bilateral o multilateral de este convenio. Señalando que cualquier uso que vaya más allá de estos objetivos exigirá la autorización previa del Gobierno español.

Este es el fundamento jurídico para que España mantenga el control soberano y exija la aprobación expresa para usos fuera del marco del convenio.

La pregunta al Gobierno es la siguiente. Cuando el ministro de exteriores Albares afirma el domingo por la mañana que el uso de las bases está siendo de acuerdo a lo contemplado en el convenio citado, de forma implícita está reconociendo que la autorización había sido ya solicitada e informada.

Los acontecimientos previos del sábado habían saltado ya a los medios de comunicación de madrugada por lo que para el domingo ya se sabía que o bien no se habían solicitado las autorizaciones, algo que pongo en duda a la vista de la pormenorizada planificación de la operación Furia Épica destinada a terminar con la tiranía de un régimen teocrático que en las ultimas semanas había aniquilado ante nuestros ojos a decenas de miles de manifestantes civiles desarmados. Me parece sorprendente y poco creíble que la Administración americana se olvidase se solicitar la autorización previa correspondiente.

Solo así se entendería lo precipitado de mover quince aviones cisterna de gran tamaño para facilitar en vuelo, el combustible a los aviones de combate que estaban en tránsito al área de conflicto a otras bases europeas. Y solo así se entendería la sobre reacción del presidente Trump, acusándonos de hostiles ante una negativa que de una forma más discreta y matizada había cosechado previamente de otros países aliados como Alemania o Portugal.

Las expresiones de Trump, España como un aliado terrible, manifestadas a los periodistas en una rueda de prensa televisada tras el encuentro con el canciller alemán y en su impasible presencia, fueron realmente duras. Incluyeron una orden expresa a su secretario de comercio, Scott Bessent, para romper lazos comerciales con España, incluso aprobando un embargo de nuestros productos basado en el argumento de que las decisiones tomadas por el gobierno de España ponen en peligro la vida de los estadounidenses.

Y todo esto, apenas unas horas después de que el ministro Albares afirmase que no creía que hubiese ninguna reacción ni consecuencia, y menos represalias por la prohibición expresa del uso de dichas bases militares que hoy generan empleo a miles de españoles y un bienestar económico y social a la zona de influencia desde hace décadas.

En el relato, vemos que dos administraciones teóricamente aliadas no hablan entre sí. Ni contrastan la información que reciben, ni intentan evitar perjudicar a la otra parte gestionando los plazos, ya sea porque la seguridad de los vuelos necesita de ese repostaje o porque la difícil aritmética del Gobierno de España, que tampoco habla con la oposición, le impide tomar unas decisiones más racionales y solidarias con sus socios europeos y atlánticos que además no pongan en peligro la actividad de miles de empresas españolas. Unas decisiones lamentables y peligrosas para los intereses de España por la forma de anunciarse.

Lo abrupto de la decisión tomada por parte del gobierno, recuerda mucho a la retirada de las tropas de Irak hace décadas sin permitir prácticamente su sustitución a tiempo por tropas de otros aliados en medio de una guerra. Hubo represalias de tipo empresarial entonces y hoy las esperamos. Van al choque frontal por motivos electorales en ambos casos y con una negativa a cooperar en la ofensiva contra el Gobierno de Irán, que es ya el único que impide la paz y la prosperidad en la zona de oriente medio tras los Acuerdos de Abraham. Irán está bombardeando las infraestructuras civiles de los países vecinos incluso Turquía con misiles sin un aviso previo.

Estamos ante una mala decisión geopolítica, tomada de malas formas, que previsiblemente se va a transformar en un impacto muy negativo para nuestra economía y nuestras empresas en un entorno de volatilidad e incertidumbre creciente.

La posición privilegiada en el estrecho, un nudo además de cables submarinos, es compartida con el vecino Marruecos que es cada vez un mejor aliado de los EE. UU. lo que para muchos analistas puede llegar a ser parte de una estrategia para contar con su apoyo en el caso de un conflicto directo por la soberanía de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.

Nuestra posición en el estrecho es una ventaja estratégica geoeconómica que mal gestionada, vemos nos va a seguir creando problemas en un mundo donde se da por prácticamente enterrado el concepto de legalidad internacional.

Quizás porque ha sido utilizada por muchos dictadores como una protección legal para poder masacrar a su población, impedir el respeto a los derechos humanos, financiar al terrorismo internacional, proteger el tráfico de drogas o amenazar constantemente a sus vecinos y al mundo con el uso de armas nucleares, misiles balísticos y drones.

Es cierto que la principal normativa arancelaria que afecta a España entraría bajo el escudo y la protección de la Comisión Europea, y los cambios en los tratados vigentes deberían hacerse de una manera negociada con Bruselas, pautada y no precipitada, en el marco del derecho del comercio. Eso sí, siempre que nos alineásemos con los restantes socios europeos y coordinásemos nuestras acciones con ellos, reduciendo el exhibicionismo anti Trump del gobierno español. Hay que resaltar que también China ha salido en defensa de nuestro país, aprovechando su posición de proveedor de componentes industriales.

Pero no es menos cierto que la burocracia aduanera de los EEUU, medidas del poderoso departamento de consumo o normas de etiquetado pueden convertirse en una terrible pesadilla para el jamón, aceite, aceitunas, perfumes, vino, maquinaria, productos químicos y farmacéuticos que con origen en España y que vayan destinados al consumo de los ciudadanos estadounidenses, priorizando el despacho de productos de nuestros competidores en los puertos estadounidenses, afectando a los fletes y comercio marítimo que gestiona el 95 % del comercio. También las redes comerciales podrían limitar la venta de productos españoles.

Los controles y la regulación pueden intensificarse para nuestras empresas y productos con una simple orden ejecutiva de las que el presidente firma por cientos que afectaría a permisos de exportación o importación. Lo mismo puede ocurrir con el crudo o el gas que recibimos y transformamos para vender a Europa, procedente de los EEUU y que en algunos picos ha representado más del 40 % de nuestro consumo. Un gas que en este nuevo escenario solo recibiríamos de Argelia como principal proveedor o de otros países que estarían afectados por el cierre del Estrecho de Ormuz.

La administración Trump, también puede lanzar mensajes negativos a los fondos de inversión y a los contratistas estadounidenses, ingenierías y constructoras, para reducir la actividad con nuestras empresas en el ámbito de la obra pública. Son numerosos los contratistas españoles con capital público como Telefónica, Navantia e Indra que tienen actividad con el departamento del gobierno ya sea Defensa u otros. También puede restringir la concesión de visados a nuestros ciudadanos o a los dirigentes como ya ocurrió con los chilenos.

Un apartado aparte lo constituyen los acuerdos de intercambio de información para la lucha antiterrorista o los suministros de protección de guerra electrónica clave para incorporar a nuestra industria de Defensa y a nuestros equipos presentes en la flota naval, fuerza aérea o ejército de tierra dada nuestra elevada dependencia de la industria americana.

Este bloque lo veo improbable de ejecutar porque afectaría a la reputación de la industria y podría llevar el cambio de suministradores de densa de otras naciones del mundo, como ya ocurrió con el abandono de contratos del caza de última generación F-35 por parte del Gobierno de Canadá. Pero de momento se acaban de cancelar la actuación de nuestra armada en unas maniobras conjuntas con los EEUU.

Pero mi conclusión final es que debemos tomar en serio las amenazas de Trump. Nuestra decisión en sí y por la forma de anunciarlo más todavía, se ha interpretado como un verdadero troyano en el seno de occidente. La cuarta economía del euro y el cuarto contribuyente a la OTAN.

No es creíble realizar afirmaciones campanudas desde el Palacio de la Moncloa sin periodistas y sin pasar por sede parlamentaria, sobre que contamos con los recursos necesarios para contener el impacto de las posibles medidas enumeradas, un país que no aprueba presupuestos generales desde hace tres años.

Tampoco tiene sentido hablar de forma arrogante de las alternativas a las cadenas de suministro a corto plazo con el primer inversor no europeo en España.

La realidad es que nosotros necesitamos más los equipos tecnológicos que compramos a los EEUU que lo que los estadounidenses adquieren de nuestras empresas principalmente productos agrícolas y maquinaria. Es tiempo de análisis y dialogo entre aliados, es tiempo de la discreción para ver si somos capaces de reconstruir una imprescindible relación transatlántica con quien compra bienes y servicios a nuestras empresas por un importe de 16.720 millones de dólares.

Pactum civium causa 

José Luis Moreno, economista ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Analista económico y empresarial.