El enemigo del taxi, la casta política y sindical

Resulta mucho más fácil aplastar a un hombre solo que señalar el leviatán administrativo, político y sindical. Lo primero es misión fundamental de los oligopolios. Lo segundo, objetivo tenazmente perseguido por el sistema de ideas liberales. El sector del taxi y la estiba están despertando en medio de una realidad: quienes antes blindaban sus privilegios, se han convertido en sus enemigos. En una maraña burocrática y sindical imposible de esquivar. Ajena a la realidad social en la que engorda, la cual vive, se adapta y desarrolla en un mundo de competencia, soluciones instantáneas, exigencia y velocidad. El enemigo acérrimo del taxi no es Uber. No lo es Cabify. Lo es el lastre de un régimen intervencionista, coercitivo y administrativo. Lo es también de su propia rémora: un monopolio anciano de 120 años que nunca hasta ahora había tenido la necesidad de evolucionar. Viejo y ajado como la inquisición gremial que el pasado mes de abril quemó en Sevilla 9 coches de Cabify.

Lo reconocen explícitamente los propios taxistas. En la argumentación de su propia defensa y cargados de razones defienden que su licencia que ronda los 130.000€ es abismalmente más cara que las expedidas por 36€ para los coches VTC, Uber y Cabify. De ello se desprenden tres cosas: la primera es que la brutal diferencia en el coste de licencia no les otorga absolutamente ninguna supralegitimidad laboral. La segunda es que el taxi miente cuando acusa de organización ilegal a una actividad que cumple escrupulosamente con los requisitos exigidos. Y la última, y quizá más importante, es que la diferencia de 129.964€ entre una licencia y otra se ve grabada única y exclusivamente por los políticos y la casta sindical que, ante la dificultad de meter la mano impositiva a Ubber ni a Cabify, se inclinan por practicar el hostigamiento contra el individuo, el libre mercado y la oportunidad usando al taxi para lograr su aspiración final. “La almohada” que asfixia al taxi es la ley que impide la libre competencia y concurrencia de cualquier trabajador al carísimo sistema de reparto de licencias, y en ese sistema de mordidas no entra un solo conductor de Uber y Cabify que, por otro lado, amenazan el circuito de especulación con las licencias del taxi y su cartelización. Su acuerdo durante décadas para presupuestar con sobreprecios el valor original de las licencias.

Existe, además, una total evidencia de aleccionamiento político en las últimas declaraciones de los representantes del taxi. Siempre con el peculiar argumento de afiliado de sindicato vertical que, a pesar de llevar 40 años ajeno a las dificultades de todo currito ajeno al ‘Club Med’ sindical, ahora sufre el Síndrome de la solidaridad del Cayuco: “¡Uber y Cabify explotan al extranjero porque les obligan a ir a un banco para pedir un crédito, comprarse un coche, y participar!”. ¿No es ese el habitual riesgo asumido por todo autónomo que desea trabajar y tener una oportunidad? Un extranjero no es explotado cuando se compra una herramienta para trabajar. Es explotado cuando ha de doblar para pagar el coche que le han incendiado en un descampado.

El pasado mes de marzo, el presidente de la asociación Foro Taxi Libre, Juan Martín Caparrós, y la mayoría de los miembros de su junta directiva, tuvieron que dimitir de sus cargos como consecuencia de la “insoportable” situación de acoso sufrida tras reclamar la implantación de un turno rotatorio en las paradas de taxi del aeropuerto y de la estación de trenes de Santa Justa. El pasado verano un taxista fue linchado en El Prat por piquetes del taxi que pretendían impedirle trabajar. Parece razonable pensar que el problema del taxi no es nuevo. Y que su gran problema también era la violencia una secta que durante demasiados años contó con total impunidad.