Dolores Delgado, una fiscal general contra el Estado

El nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, hecho público incluso antes de que diera el relevo a su sucesor en el Ministerio de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, viene a confirmar que Pedro Sánchez ha decidido asaltar las instituciones. A nadie se le oculta que Delgado tutelará las decisiones del Ministerio Público para que no se aparten del plan pactado entre el presidente del Gobierno y los separatistas catalanes.

Sánchez ya ni se preocupa por guardar las apariencias: ha decidido quebrar la piedra angular de cualquier democracia triturando su esencia: la separación de poderes es ya una entelequia de la mano de un jefe del Ejecutivo que ha dejado meridianamente claro que no mentía cuando aseguró que la Fiscalía dependía del Gobierno. Lo obsceno del caso ya no es sólo el nombramiento de Delgado, sino que cuando se jactó de mandar en el Ministerio Público lo hizo para reafirmar su compromiso de mostrarse firme contra el independentismo y ahora ha nombrado a la ex ministra de Justicia jefa de los fiscales para hacer todo lo contrario.

A este paso, después de hacer añicos el prestigio de la Abogacía  y de la Fiscalía General del Estado, no va a quedar institución libre del acoso y derribo de un presidente del Gobierno que ha pervertido y denigrado la democracia. Con Sánchez en el Gobierno, el Estado de Derecho es víctima de una implosión cuyos efectos amenazan con ser devastadores. En esencia, de lo que se trata es de ir debilitando progresivamente todos los diques del contención del marco constitucional para ir minando de forma paulatina su fortaleza.

Lo de Dolores Delgado es de una obscenidad sin precedentes en nuestra historia democrática, porque su nombramiento busca desjudicializar el «procés» para que los separatistas puedan zafarse del peso de la ley. La fiscal general del Estado dará ordenes directas a los fiscales, que han librado una admirable y honrosa batalla jurídica contra los separatistas catalanes, pero también tendrá la última palabra sobre los posibles indultos a los condenados por sedición. En suma: Delgado tiene ante sí la tarea de que la Fiscalía General del Estado, como la Abogacía, abandone la defensa de la legalidad para defender la estrategia de los golpistas. Ese es su mandato: servir a Pedro Sánchez en contra del Estado.