Cuando el voto deja de gustarnos, el problema no es siempre el votante

Hay algo profundamente revelador en la reacción que provocan determinados resultados electorales en Europa. Cuando partidos que durante años han sido considerados políticamente intocables consiguen crecer, consolidarse o incluso ganar elecciones, buena parte del debate público se centra inmediatamente en una cuestión: cómo impedir que esos partidos lleguen al poder.

Lo hemos visto en Alemania con la AfD, lo vemos en España con Vox y lo hemos visto recientemente en el Reino Unido con las protestas y disturbios vinculados al debate migratorio. Cambian los países, los partidos y las circunstancias, pero existe un denominador común: el desconcierto de unas élites políticas que parecen no entender por qué una parte cada vez mayor de la ciudadanía está buscando alternativas.

Y quizá deberíamos empezar por hacernos una pregunta diferente. En lugar de preguntarnos únicamente cómo evitar que determinados partidos crezcan, ¿por qué no intentamos comprender qué está llevando a millones de europeos a votar por ellos?

Porque reducir todo ese fenómeno a la extrema derecha, al populismo, al racismo o a la manipulación electoral puede resultar cómodo, pero difícilmente explica lo que está sucediendo.

Cuando un ciudadano cambia su voto, algo está pasando.

Europa lleva décadas construyendo un modelo de Estado del bienestar extraordinariamente desarrollado. Un modelo basado en una fuerte presencia del Estado, una elevada presión fiscal y una amplia red de servicios públicos y prestaciones. Ese modelo ha generado indudables avances y ha permitido alcanzar niveles de prosperidad y protección social que debemos valorar.

Pero ningún sistema es intocable. Y mucho menos cuando una parte creciente de quienes lo financian empieza a tener la sensación de que el contrato social se ha roto. La clase media y trabajadora europea paga impuestos, cotiza, trabaja, emprende, contrata, consume y sostiene buena parte de la maquinaria del Estado. Y, sin embargo, cada vez son más los ciudadanos que perciben que su esfuerzo no se traduce necesariamente en mejores oportunidades ni en una mayor seguridad económica.

La sensación de agravio no nace exclusivamente de cuánto se paga. Nace de la relación entre lo que se aporta y lo que se recibe. Cuando una persona trabaja más horas para llegar a fin de mes, cuando una familia ve cómo una parte cada vez mayor de sus ingresos se destina a impuestos, cuando acceder a una vivienda se convierte en una misión casi imposible o cuando determinados servicios públicos dejan de responder a las expectativas, es lógico que aparezcan preguntas. Y esas preguntas no desaparecen porque las formule un partido que no nos guste.

El problema no es que los ciudadanos se hayan vuelto extremistas. Existe una tentación evidente en el debate político contemporáneo: atribuir el crecimiento de determinados partidos a la radicalización de la sociedad.

Es una explicación tranquilizadora. Si el problema son unos ciudadanos que se han vuelto extremistas, basta con combatir a esos ciudadanos políticamente. Si el problema es la desinformación, basta con combatir la desinformación. Si el problema es el populismo, basta con construir un cordón sanitario.

Pero quizá sea necesario invertir la pregunta. ¿Y si el crecimiento de estos partidos es también consecuencia de los errores cometidos por quienes han gobernado durante décadas?

¿Y si millones de ciudadanos no están buscando necesariamente una revolución política, sino simplemente una respuesta a problemas cotidianos que sienten que los grandes partidos tradicionales no están resolviendo?

La inmigración es un buen ejemplo. Durante años, cualquier preocupación relacionada con los niveles de inmigración, la integración, la seguridad, la presión sobre determinados servicios públicos o el cumplimiento de las normas ha sido rápidamente encuadrada en categorías morales: xenofobia, racismo, insolidaridad.

Pero una democracia adulta debería ser capaz de mantener una conversación mucho más sencilla. Una sociedad puede defender la inmigración y, al mismo tiempo, exigir que sea ordenada, legal y compatible con su capacidad de integración. Puede defender la solidaridad y exigir que quien recibe una prestación cumpla los requisitos establecidos. Puede defender los derechos fundamentales y exigir que la ley se cumpla. Y puede rechazar el racismo sin negar que existan problemas derivados de una mala gestión migratoria.

Convertir cualquiera de estas cuestiones en un dilema moral impide precisamente debatirlas. El Estado del bienestar necesita contribuyentes. Hay otra cuestión que rara vez se aborda con suficiente claridad: el Estado del bienestar no se financia solo. Lo financian personas que trabajan, empresas que generan actividad económica y ciudadanos que pagan impuestos. Por eso, defender el Estado del bienestar debería implicar también defender las condiciones que permiten financiarlo.

No podemos construir indefinidamente nuevas prestaciones, nuevas estructuras administrativas y nuevos compromisos de gasto sin preguntarnos quién va a pagarlos. Y tampoco podemos tratar al contribuyente como una fuente de ingresos ilimitada. Existe un punto a partir del cual incrementar la presión fiscal deja de ser simplemente una cuestión ideológica y empieza a afectar a los incentivos para trabajar, invertir, emprender o contratar. El objetivo debería ser construir un sistema que proteja a quien lo necesita sin desincentivar a quien lo sostiene. Porque solidaridad y esfuerzo no deberían ser conceptos enfrentados. El buenismo tampoco es una política pública

Durante años hemos confundido, en demasiadas ocasiones, buenas intenciones con buenas políticas. Pero gobernar no consiste en tener buenas intenciones. Consiste en conseguir resultados. Un Estado no puede evaluar sus políticas únicamente por la nobleza de sus objetivos. Tiene que hacerlo también por sus consecuencias. Si una determinada política no funciona, hay que modificarla. Si una prestación genera incentivos perversos, hay que eliminarla. Si una política migratoria produce problemas de integración, seguridad o presión sobre determinados servicios, hay que corregirla.

Si un modelo educativo no mejora los resultados, hay que cambiarlo. Y si una estructura administrativa es ineficiente, habrá que preguntarse si tiene sentido mantenerla. Esto no es ser de izquierdas o de derechas. Es gestionar. Prioridades.  En cualquier organización existen prioridades. También debería haberlas en la gestión de un Estado. No todo puede ser prioritario al mismo tiempo.

La seguridad, la educación, la sanidad, la vivienda, las infraestructuras, la defensa, la justicia o la protección de los más vulnerables requieren recursos. Y los recursos son limitados. Por eso, quizá ha llegado el momento de recuperar una idea que parece haberse convertido en políticamente incómoda: el Estado debe empezar por garantizar aquello que resulta esencial para sus ciudadanos y hacerlo de manera eficiente. Eso no significa abandonar a nadie. Significa establecer reglas.

Significa que quien trabaja y cumple debe tener incentivos para seguir haciéndolo. Que quien emprende debe encontrar un entorno que no le expulse. Que quien llega a un país debe respetar sus leyes. Y que quien no las respeta debe asumir las consecuencias correspondientes. No debería ser una posición radical defender algo tan sencillo. Escuchar antes de que sea demasiado tarde.

Quizá el mayor error de las democracias europeas no sea que estén creciendo determinados partidos. Quizá el error sea no escuchar suficientemente las razones por las que crecen. Los cordones sanitarios pueden ser una herramienta política. Pero no pueden convertirse en una estrategia permanente para evitar afrontar los problemas que explican el voto. Porque un ciudadano puede sentirse ignorado una vez. Puede sentirse ignorado dos veces. Pero si millones de ciudadanos tienen la sensación de que sus preocupaciones son sistemáticamente deslegitimadas, tarde o temprano buscarán a alguien dispuesto a escucharlas.

Y entonces el problema ya no será el partido que ha conseguido canalizar ese descontento. El problema será por qué ese descontento existía. Europa no necesita necesariamente menos Estado. Necesita, sobre todo, un Estado que funcione mejor. Un Estado que proteja sin asfixiar. Que ayude sin generar dependencia. Que recaude sin castigar desproporcionadamente el trabajo y el esfuerzo. Que sea solidario sin dejar de exigir responsabilidades. Y que entienda que la convivencia no se construye únicamente con derechos, sino también con deberes.

Porque quizá la pregunta que deberíamos hacernos ante el avance de las opciones políticas que incomodan al establishment no sea cómo impedir que sus votantes voten lo que quieren. Quizá deberíamos preguntarnos qué hemos hecho para que cada vez más personas sientan que necesitan votarles.