Cuando Sánchez dijo «acatar» quería decir atacar: nuevo asalto al Constitucional

Pese a que la UE ha dejado meridianamente claro que «cuando se trata de reformas de los sistemas judiciales en los estados miembros siempre hemos sostenido que es importante que se consulte previamente a las partes interesadas pertinentes, incluidos, según corresponda, el Poder Judicial y los Consejos Judiciales», Pedro Sánchez, después del varapalo del TC al suspender cautelarmente la reforma del Código Penal que, de tapadillo, incluía la reforma del CGPJ y del Tribunal Constitucional para asaltar el Constitucional, pretende ahora okupar el órgano intérprete de la Carta Magna a través de una proposición de ley con trámite de urgencia. Estamos ante un nuevo atajo con el que el presidente del Gobierno, que dijo acatar el pronunciamiento del alto tribunal, pretende volver a las andadas.

Parece claro que Sánchez no va a dar su brazo a torcer y que va a recurrir a un plan B a través de una nueva artimaña revestida de aparente legalidad, pero que no es más que una forma de orillar los procedimientos normativos para lograr su propósito de someter al TC. La proposición de ley tramitada con carácter de urgencia volverá a impedir el pronunciamiento del Consejo de Estado y del CGPJ, de forma que lo que Sánchez busca es sepultar cualquier consideración contraria a su iniciativa de los órganos constitucionales. En suma: exactamente lo que contrario de lo que exige la UE. Aquí, el único consenso que parece preocuparle al presidente del Gobierno es el que está dispuesto a alcanzar con los enemigos de España -golpistas catalanes y etarras de Bildu-. Nada de tender la mano a las formaciones constitucionalistas. Todo lo contrario. Su apuesta de presente y futuro pasa por una retroalimentación de intereses entre el socialismo, el populismo de extrema izquierda y los partidos que han puesto en la diana el marco constitucional. Sánchez, el que decía acatar, vuelve al ataque con la intención expresa de demoler el régimen del 78. Ese es su plan.