Cataluña no tiene un problema de financiación, sino de gestión
El escenario que se plantea tras las elecciones catalanas del pasado domingo es tan preocupante como incierto. Cualquier cosa es posible, teniendo en cuenta que uno de los actores principales es un Pedro Sánchez dispuesto a ceder cualquier cosa con tal de seguir en el poder. El otro actor es uno u otro partido independentista, tan proclives ambos a realizar chantajes en apariencia imposibles, pero que, con un presidente del Gobierno tan débil tanto en lo político como en lo moral, se convierten en factibles.
Una de esas exigencias imposibles que el independentismo ha puesto ya sobre la mesa es establecer un nuevo cupo catalán, similar al vasco. Para sostener esa pretensión, nos repiten que su Comunidad está infrafinanciada, pero basta con acudir a la liquidación del sistema de financiación para comprobar que su victimismo no se sostiene.
Si hablamos del Fondo de Garantía, Cataluña aportó 1.522 millones de euros; Madrid tres veces más, hasta alcanzar los 4.600 millones de euros. Si consideramos también el Fondo de Suficiencia, la contribución de Madrid ascendería ya a casi 5.400 millones de euros; la de Cataluña, se reduciría hasta los 711 millones de euros.
Por el Fondo de Competitividad, Cataluña recibe 1.131 millones de euros; Madrid, 282 millones de euros.
Si calculásemos el efecto conjunto de todos estos fondos, Cataluña ya tendría un saldo neto positivo y Madrid seguiría aportando más de 5.000 millones de euros.
Cataluña es también la que recibe mayores recursos del Estado en inversiones de los Presupuestos Generales (un 45% más que Madrid) o en Fondos Next Generation (un 25% más).
Si hablamos de recorrido fiscal, no hay que olvidar que Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de impuestos propios, 15, y a la cabeza de las regiones con los tipos más altos en los impuestos cedidos por el Estado.
Por su parte, Madrid es la única comunidad de régimen común sin impuestos propios y la que tiene los tipos más bajos en el resto de figuras tributarias, junto con el programa de bonificaciones más amplio y beneficioso para los ciudadanos.
Así pues, si Cataluña está infrafinanciada… ¿qué podría decir Madrid que quintuplica su aportación al Estado y recibe casi la mitad? Lejos de ese victimismo, nuestra región, está orgullosa de ser la más solidaria y la que más transfiere al régimen común, porque no entendemos otra forma de ser madrileño que no sea desde la solidaridad con el resto de Comunidades Autónomas. El compromiso de Madrid con sus ciudadanos lo es también con los de toda España.
Cataluña no tiene un problema de financiación; lo tiene de gestión. De gestión de distintos gobiernos que se han olvidado de las necesidades reales de sus ciudadanos y han preferido destinar sus políticas de gasto a financiar sus ensoñaciones independentistas por medio de un procés que ha causado un daño irreparable a su economía y a las oportunidades de mejorar el bienestar de sus administrados.
El desaforado intervencionismo gubernamental en las decisiones de particulares y agentes económicos; la quiebra de la necesaria confianza en las instituciones catalanas; la vulneración sistemática de leyes y normas que rompen la seguridad jurídica; el infierno fiscal al que están sometiendo a la sociedad catalana para financiar ese proceso; e impulsar las políticas más contrarias a la libertad y el bienestar de los ciudadanos, con el consiguiente deterioro de la convivencia, desencadenó la huida de numerosas empresas (más de 8.000 desde que empezó el procés), lastró la inversión (recibe un 20% menos que hace 7 años) y contrajo la actividad económica, dejando los servicios públicos más deteriorados del país.
Sólo en 2023, la economía madrileña creció el 2,9%, frente al 2,6% de Cataluña. La misma tónica en los 6 años anteriores ha agrandado la brecha entre ambas comunidades hasta situar a Madrid a una distancia de 7.514 millones por encima de Cataluña, convirtiéndose en la Comunidad que realiza una mayor aportación al PIB nacional, casi un 20%.
Un mayor crecimiento que se ha producido con un millón menos de habitantes, con una capacidad industrial y turística inferior, pero con una política regional centrada en los problemas reales de sus ciudadanos, orientada a generar más oportunidades para todos, con servicios cada vez más robustos y la política impositiva más favorable para conseguirlo.
El PSC de Illa no puede desentenderse de esa evolución de la economía y sociedad catalanas. Primero, porque ya ha gobernado la Comunidad, con dos presidentes distintos, Maragall y Montilla, entre 2003 y 2010 y su gestión es copartícipe de tan desastrosos resultados. Y segundo, porque si alguien ha dado alas al independentismo han sido los presidentes Zapatero y Sánchez.
El primero, desde aquel momento en que se comprometió a «apoyar el estatuto que venga del Parlament de Cataluña», origen de la deriva secesionista. Y el segundo, por las múltiples concesiones que ya ha realizado a cambio de siete votos, desde la Ley de Amnistía a la condonación del 20% de la deuda catalana con el Estado, y que envalentona a quienes buscan la manera de acabar con la España de ciudadanos libres e iguales.
Los madrileños queremos que Cataluña pueda volver a ser referente de modernidad, prestigio y progreso, una región competitiva, capaz de disputarnos el liderazgo económico. Lo ansiamos porque sabemos que esa pujanza se traduciría en más oportunidades para todos y contribuiría a hacer de España esa nación solidaria de ciudadanos libres e iguales que hace de la diversidad una fortaleza.
Y para eso sólo hay un camino: la Cataluña de siempre, libre, abierta y plural, la que echamos de menos en una España de todos. Y tenemos motivos para la esperanza, porque esa es la Cataluña que representa Alejandro Fernández y el Partido Popular de Cataluña, el partido que más ha crecido en votos, escaños y porcentaje de voto en las pasadas elecciones. El Partido Popular ha vuelto para servir a todos los catalanes y mejorar su bienestar. Cataluña y España lo necesitan.
Ángel Alonso es diputado del PP en la Asamblea de Madrid
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